· Domingo 1 de febrero de 2026 · · [clima]
El Instituto Provincial de la Vivienda extendió por un año la vigencia del régimen de cancelación anticipada con descuentos de hasta el 60% y modificó el cómputo de las fechas de recupero para depurar deudas históricas de bajo monto.
El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) prorrogó formalmente hasta agosto de 2027 la vigencia de la Ley 9571, normativa que establece un régimen especial de beneficios y quitas para la cancelación de créditos, viviendas y soluciones habitacionales. La medida se oficializó este martes mediante la publicación de la resolución 1088 en el Boletín Oficial, incorporando además una modificación sustancial en los criterios administrativos para incluir a beneficiarios con saldos remanentes bajos que habían quedado excluidos.
La decisión del organismo responde a la necesidad de resolver inconsistencias técnicas generadas por las diferencias entre las fechas registradas en los sistemas operativos, donde un mismo inmueble solía presentar desfases entre el inicio del crédito, la entrega material, la adjudicación formal y el alta del plan de pagos. Esta distorsión dejaba en una situación irregular a adjudicatarios que, por el monto adeudado, calificaban para la cancelación definitiva.
El marco regulatorio contempla esquemas diferenciales de cancelación para los adjudicatarios:
Descuento del 60%: aplicable en un solo pago al contado para créditos cuyo saldo de capital sumado a la mora total no supere el equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).
Condonación por bajo monto: el artículo 13 bis faculta a dar por extinguidas las deudas de créditos o viviendas cuyo inicio de recupero sea anterior al 30 de noviembre de 2017 y presenten un saldo igual o inferior al 30% del SMVM actualizado.
Cómputo favorable: a partir de la nueva normativa, el IPV tomará como fecha de recupero la que resulte más beneficiosa para el adjudicatario entre la fecha de inicio del crédito, la de entrega de la vivienda o la de adjudicación.
Con esta flexibilización, el organismo provincial busca acelerar la depuración de su cartera crediticia, evitar costos operativos derivados de intimaciones sobre deudas de difícil cobro y agilizar la escrituración definitiva para miles de familias adjudicatarias.
