La Justicia ordenó al IPV recategorizar a una trabajadora y liquidar diferencias salariales

El Gobierno de Mendoza oficializó la regularización laboral de una empleada del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) tras una sentencia de la Suprema Corte de Justicia local que anuló resoluciones administrativas previas y ordenó su correcta recategorización. La medida fue ratificada por el Poder Ejecutivo provincial mediante el Decreto 1640, convalidando lo resuelto previamente por el directorio del organismo descentralizado a través de la Resolución 923.

La disposición judicial se originó a partir de una demanda impulsada por la trabajadora. El pasado 3 de febrero de 2026, la Sala Segunda del máximo tribunal hizo lugar de forma parcial al reclamo de la agente, declarando la nulidad del Decreto 1111 y de los actos administrativos que le antecedieron, los cuales le impedían acceder al encasillamiento correspondiente a sus funciones y formación.

Reencasillamiento profesional y liquidación de haberes retroactivos

A partir del fallo y de la posterior confirmación del Ejecutivo provincial, la agente pasó a revistar formalmente en el Agrupamiento III Profesional, Clase 15, abandonando su encuadre anterior en el Agrupamiento I (personal Administrativo y Técnico):

• Determinación de retroactivos: El fallo dispuso que el IPV liquide las diferencias salariales existentes entre lo percibido bajo la categoría de auxiliar y lo que debió percibir como profesional.

• Cálculo de intereses y promociones: La adecuación salarial contempla la aplicación del régimen de promociones automáticas y el cómputo de intereses judiciales hasta la fecha de efectivo pago.

Con la firma del decreto, el organismo provincial concluyó la adecuación administrativa del cargo y habilitó las partidas correspondientes para dar cumplimiento integral a la sentencia judicial.