Reactivan la Bicameral de Seguridad en la Legislatura de Mendoza tras más de un año sin sesionar

Tras más de un año de parálisis institucional, la Legislatura de Mendoza reactivará esta semana la Comisión Bicameral de Seguridad, el órgano conjunto integrado por senadores y diputados encargado de auditar y fiscalizar las políticas públicas en materia de prevención del delito. La comisión se encontraba inactiva desde mediados de 2025: tras la presidencia del diputado Germán Gómez (PJ) en 2024, la conducción reglamentaria debía recaer en la Cámara de Senadores, pero el oficialismo no formalizó las convocatorias durante el último año legislativo.

Con el inicio del nuevo período ordinario el pasado 1° de mayo, el mando reglamentario retornó a la Cámara de Diputados. Luego de que los diferentes bloques políticos elevaran sus nóminas de representantes ante la Secretaría Legislativa, este jueves se desarrollará la sesión constitutiva para fijar días y horarios de labor y elegir a las nuevas autoridades. Por tradición parlamentaria, la presidencia del órgano suele reservarse para un legislador de la primera minoría opositora, lugar que en la actualidad mantiene el Partido Justicialista.

Marco normativo, atribuciones y antecedentes de control

La Comisión Bicameral se rige bajo los parámetros de la Ley 6721, normativa que le otorga la potestad de supervisar el funcionamiento del sistema de seguridad provincial y requerir informes tanto a dependencias oficiales como a entidades privadas. Entre sus principales facultades legales se destacan:

• Fiscalización directa: Inspección ocular y visitas periódicas a comisarías, destacamentos y establecimientos penitenciarios de la provincia.

• Interpelación y seguimiento: Citación de ministros, magistrados y funcionarios del área para brindar explicaciones sobre planes operativos y distribución de recursos.

• Informes estadísticos: Elaboración de un balance anual público con diagnósticos sobre criminalidad en base a registros del Ministerio Público Fiscal y del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC).

El último antecedente formal de funcionamiento se remonta a junio de 2025, cuando el cuerpo presentó su informe anual y recibió en el recinto a la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, al procurador general de la Suprema Corte, Alejandro Gullé, y al juez del máximo tribunal José Valerio, con el objetivo de evaluar la marcha del plan de seguridad en el territorio mendocino.