Finalizada la feria judicial extraordinaria por la pandemia de coronavirus, la provincia promovió una "acción declarativa", conocida hoy, para que se determine la "inconstitucionalidad" y "nulidad absoluta" del decreto del PEN 756/18 que en forma "unilateral, inconsulta e intempestiva", consideró el Ejecutivo mendocino, suprimió el fondo creado por similar norma presidencial en el 2009.

"Resulta repugnante a la Constitución Nacional que la sola voluntad del órgano administrativo del Estado Nacional, luego de comprometer convencionalmente la creación de un fondo con asignaciones específicas de sus recursos, garantizando ciertos fondos a las provincias, y que estas los incorporen a sus patrimonios y los reflejen en sus respectivas Leyes de Presupuesto, decida arbitrariamente desbaratar tal garantía federal", sostiene la presentación.

La demanda, promovida por decisión del gobernador Rodolfo Suárez y firmada por el Fiscal de Estado de la provincia, Fernando Simón, agregó que esa decisión "unilateral" comporta un "flagrante atentado a los principios básicos de seguridad jurídica" y "compromete bienes básicos de la vida en sociedad".

Para la demandante, "esos recursos no integran el presupuesto nacional", según la ley 27.429, sancionada en diciembre de 2017, "ratificatoria del Consenso Fiscal" interjurisdiccional, por lo que "debe entenderse entonces que son propiedad de las provincias" y "por lo tanto, indisponibles" por parte del PEN.