Días atrás el Gobierno de Mendoza declaró la caducidad de la concesión a Chañares Herrados S.A, petrolera encargada de un yacimiento ubicado en Tupungato. La decisión se debió, indicaron desde el Ejecutivo, a que no se cumplieron con las inversiones prometidas.

Debido a esto, ahora la petrolera decidió iniciar acciones legales contra Mendoza.  "La empresa Medanito S.A, a través de su controlada Chañares Energía S.A.U, tomó la decisión de iniciar acciones legales contra el decreto del gobierno de Mendoza por entender que implica una grave violación a sus derechos", indicaron en un comunicado.

Según explicaron, Medanito S.A adquirió la sociedad concesionaria por 80 millones de dólares. Además detallaron que ya invirtieron la mitad en el desarrollo productivo del área concesionada, entre los que se destacan 9 millones invertidos entre fines del 2018 y principios de 2019.

También calificaron como "sorpresiva" la decisión del Gobierno, ya que afirman que habían analizado en conjunto la continuidad del plan de inversiones.

"Medanito S.A. tiene plena confianza en revertir en los fueros pertinentes la gravosa decisión ejecutada por el gobierno de la Provincia de Mendoza, y así aspira a la continuidad racional de su actividad, al mantenimiento de las fuentes de trabajo y a la generación de valor en la región", añadieron.

En otro párrafo agregaron que "con el tiempo se confirmó que el yacimiento no tenía las posibilidades productivas que se creía. En 2017 la provincia no aceptó cambiar los compromisos y nos impuso lo mismo. Pese a eso hicimos un pozo hasta marzo de este año que costó 10 millones de dólares pero se confirmó la idea de que el yacimiento no da para el nivel de inversiones que exigían".

Cuando tomaron la decisión desde el Ejecutivo habían justificado la medida afirmando que la empresa "no realizó las inversiones establecidas en el acta acuerdo firmada en 2017", que en parte estaba destinada a subsanar incumplimientos anteriores generados durante el gobierno de Francisco Pérez.

Debido a las causas que se había generado por eso, el exgobernador Pérez había sido sobreseído el año pasado en la causa que lo acusaba de "incumplimiento de los deberes de funcionario público".

Al ser consultado el subsecretario de Energía y Minería, Emilio Guiñazú, explicó el Gobierno le dio a la empresa "repetidas oportunidades" para que tomen las medidas necesarias, pero no cumplieron.

"Por las mismas causas le revertimos el puesto Pozo Cercado en el año 2016. En ese momento negociamos un nuevo contrato para sanear los incumplimientos pero tampoco cumplieron", concluyó.