· Domingo 1 de febrero de 2026 · · [clima]
La defensa de Nicolás Maduro presentará mociones ante el juez federal Alvin Hellerstein para desestimar los cargos de narcotráfico, argumentando inmunidad de jefe de Estado e irregularidades en su captura militar.
La defensa legal de Nicolás Maduro presentará este miércoles ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Manhattan una serie de mociones formales para solicitar la anulación definitiva de los cargos por narcotráfico en su contra. El letrado Barry Pollack fundamentará el pedido en la presunta inmunidad soberana que ampara a los jefes de Estado bajo el derecho internacional y cuestionará la legalidad de la operación militar estadounidense ejecutada el pasado 3 de enero en territorio venezolano para concretar su detención y traslado a Nueva York.
Pese a la estrategia desplegada por la defensa, juristas y especialistas en derecho penal internacional consultados coinciden en que el planteo enfrenta un complejo panorama ante el juez federal Alvin Hellerstein. En el sistema judicial estadounidense rige el principio de deferencia hacia el Poder Ejecutivo en materia de reconocimiento de líderes extranjeros, y la Casa Blanca desconoce la legitimidad presidencial de Maduro desde 2019, tras calificar como fraudulentos los comicios presidenciales de 2018 y 2024. Si el magistrado desestima los recursos, el inicio del juicio oral quedará ratificado para el 1 de junio de 2027.
La jurisprudencia federal estadounidense cuenta con precedentes determinantes que limitan la eficacia de los planteos de Maduro:
El precedente de Manuel Noriega (1990): los tribunales federales rechazaron los reclamos de inmunidad del exdictador panameño tras su captura por tropas de EE.UU., al considerar que el régimen de Washington no lo reconocía como jefe de Estado legítimo y ante la ausencia de un reclamo diplomático de su propio país.
La doctrina "Male captus, bene detentus": que establece que la irregularidad en la captura de un imputado en el extranjero no invalida la jurisdicción penal para juzgarlo en suelo estadounidense. Este principio se remonta a fallos de la Corte Suprema desde 1886 y fue ratificado en 1992 tras el secuestro en México de un médico vinculado a carteles de la droga.
Postura del Departamento de Justicia: un memorando oficial remitido al Consejo de Seguridad Nacional en diciembre de 2025 avaló la legalidad del enjuiciamiento de Maduro con base en dicha doctrina, desestimando que la falta de un proceso de extradición formal impida el avance de la causa.
Un factor procesal clave bajo evaluación del tribunal será la postura del gobierno que hoy encabeza en Caracas la exvicepresidenta Delcy Rodríguez. Si bien en las semanas posteriores a la captura la administración venezolana calificó a Maduro como el presidente legítimo y exigió su restitución, en los últimos meses las autoridades locales han guardado silencio, retirado simbología alusiva en espacios públicos y profundizado canales de cooperación con la administración de Donald Trump, lo que debilita el respaldo estatal a su reclamo de inmunidad.
