Con una participación del 82,5%, el rechazo a reanudar las conversaciones con Bruselas se impuso con el 52,8% de los sufragios; la primera ministra Kristrún Frostadóttir confirmó que acatará el resultado y congelará el proceso durante toda su legislatura.
La ciudadanía de Islandia resolvió no retomar las negociaciones diplomáticas para incorporarse a la Unión Europea (UE). En un referéndum consultivo que convocó al 82,5% del padrón electoral, la opción del "No" se impuso con el 52,8% de los votos frente al 47,2% obtenido por el "Sí", clausurando cualquier posibilidad de integración formal al bloque comunitario al menos hasta 2028.
La consulta popular no definía el ingreso directo del país nórdico a la estructura comunitaria, sino que buscaba definir si el Ejecutivo nacional debía reabrir las mesas técnicas de discusión suspendidas desde 2013. Pese a que el plebiscito carece de carácter jurídicamente vinculante, la primera ministra Kristrún Frostadóttir ratificó que respetará el mandato expresado en las urnas, asegurando categóricamente que su administración no reactivará las tratativas durante el mandato vigente. El escrutinio evidenció una marcada brecha territorial: mientras que las dos circunscripciones de la capital, Reikiavik, respaldaron mayoritariamente el acercamiento a Bruselas, las zonas rurales y pesqueras volcaron la balanza hacia el rechazo.
El resultado en la isla de 390.000 habitantes repercutió con fuerza en el escenario político del continente, donde referentes contrarios a la centralización de Bruselas capitalizaron la votación como un triunfo de la autonomía nacional. Figuras como la dirigente francesa Marine Le Pen y el impulsor británico del Brexit Nigel Farage celebraron la resolución islandesa en defensa de su soberanía, en tanto que desde el Parlamento Europeo se alzaron voces de advertencia, como la del legislador centrista Sandro Gozi, quien calificó el desenlace como un llamado de atención insoslayable para la dirigencia comunitaria.
Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, buscó descomprimir el impacto institucional al manifestar el pleno respeto de la UE hacia la decisión democrática del electorado islandés. Sin embargo, el dictamen de las urnas plantea un desafío estructural para el proyecto expansionista de Bruselas: mantener la estrecha cooperación económica con un socio estratégico del Espacio Económico Europeo, al tiempo que enfrenta crecientes dificultades para seducir y sumar a países prósperos del continente.