· Domingo1 de febrero de 2026 · · 12°C
· Domingo1 de febrero de 2026 · · 12°C
Partidos opositores, organizaciones profesionales, entidades de prensa y referentes interreligiosos rechazaron las expresiones del Presidente en la Fundación Faro, donde mandó a los comunicadores a “quemarse en la hoguera”. Exigen frenar la violencia verbal.
Una amplia variedad de sectores políticos de la oposición, entidades periodísticas, colegios profesionales y colectivos intelectuales manifestaron un enérgico rechazo a los recientes insultos y descalificaciones formulados por el presidente Javier Milei contra periodistas y legisladores. La controversia se originó a partir de una disertación del mandatario en la sede de la Fundación Faro, donde afirmó que los comunicadores que cubrieron las derivaciones del denominado caso $LIBRA y los miembros de la comisión investigadora “se tienen que quemar en la hoguera”, epíteto que luego profundizó en entrevistas radiales y redes sociales con ofensas de grueso calibre.
Desde el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) advirtieron que el jefe de Estado “pasó todos los límites” e incurrió en hechos de extrema gravedad institucional al cruzar la frontera de la discrepancia hacia la violencia política directa. El centenario partido remarcó que los agravios presidenciales nunca pueden naturalizarse y le exigió al titular del Ejecutivo que cese de inmediato con sus ataques contra la libertad de expresión, recordando sus históricos posicionamientos frente a los embates a la prensa durante las administraciones menemistas y kirchneristas.
En idéntica sintonía, el Frente Renovador liderado por Diego Giuliano remarcó que las alusiones a la hoguera evocan los episodios más oscuros de la persecución política y religiosa, subrayando que las manifestaciones de una investidura republicana conllevan una carga de responsabilidad ineludible. El espacio partidario expresó su solidaridad con los cronistas señalados públicamente por el Presidente, entre ellos Natalia Volosin, Hugo Alconada Mon, Paulino Rodrigues, Carlos Pagni y Luis Novaresio, advirtiendo que la intolerancia lesiona de raíz las bases de la convivencia democrática recuperada en 1983.
Las críticas alcanzaron a referentes de Propuesta Republicana (PRO) como la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y la diputada Silvia Lospennato, quienes coincidieron en señalar que la libertad se defiende con coherencia y respeto hacia quien opina diferente y que normalizar la agresividad verbal equivale a jugar con fuego. Asimismo, el Instituto del Diálogo Interreligioso —a través de un texto refrendado por Guillermo Marcó, el rabino Daniel Goldman y Omar Abboud— convocó a preservar una cultura del encuentro donde la firmeza en las ideas resulte inseparable del cuidado irrestricto de la dignidad de las personas.
La reacción institucional incluyó pronunciamientos conjuntos de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y la Academia Nacional de Periodismo, organismos que repudiaron la continua descalificación hacia los trabajadores de prensa y enfatizaron que el disenso democrático jamás debe ser suplantado por agravios personales o amedrentamientos. A estos reclamos adhirió el Club Político Argentino, cuyo titular calificó los dichos presidenciales de conductas inadmisibles impropias de un mandatario nacional.
Por su parte, el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal difundió un documento bajo la consigna “Basta de ataques y de amenazas”, en el que recordó que la jurisprudencia de la Corte Suprema consagra que no existe un derecho al insulto o la vejación injustificada. La entidad profesional alertó que la envergadura del cargo presidencial dota a estos pronunciamientos de un potencial efecto intimidatorio que debilita de forma directa el ejercicio periodístico y el orden republicano.
