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La Sociedad Rural de Rojas, Coninagro y Federación Agraria denunciaron que en 2025 la comuna recaudó $2.300 millones pero ejecutó menos de $900 millones en la red vial. Proponen concesionar los trabajos a empresas privadas y pagar según la conformidad de los chacareros.
El deterioro de los caminos rurales en la provincia de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo en los estrados judiciales. En el partido bonaerense de Rojas, entidades del sector agropecuario recurrieron a los tribunales para intimar a la comuna a brindar precisiones sobre el destino de los recursos percibidos a través de la tasa por conservación de la red vial, tras denunciar una brecha sin justificar de más de 1.500 millones de pesos entre lo cobrado a los productores y lo efectivamente invertido en tareas de campo.
La presentación judicial fue impulsada de manera conjunta por la Sociedad Rural de Rojas, Coninagro y Federación Agraria Argentina. El vicepresidente de la entidad ruralista local, Alberto del Solar, puntualizó que el eje del reclamo no radica en la disponibilidad operativa de la maquinaria municipal sino en la afectación directa de los tributos: “Lo que está pasando es que los municipios utilizan ese dinero en otras cosas. No es el cómo se arreglan los caminos, sino el con qué”, remarcó.
De acuerdo con la auditoría presentada ante la Justicia sobre el ejercicio fiscal 2025, el esquema recaudatorio y de egresos exhibió un fuerte desfasaje financiero:
Recaudación total de la tasa vial en 2025: el municipio percibió $2.300 millones aportados por los contribuyentes del sector rural.
Gasto efectivo devengado: se ejecutaron apenas $870 millones en labores operativas sobre la traza del distrito.
Fondo sin destino comprobable: quedó un remanente de $1.500 millones que no se aplicó al mantenimiento de la infraestructura vial rural.
En el marco del amparo, el juzgado interviniente ordenó a la Municipalidad de Rojas clarificar los criterios técnicos y las fórmulas paramétricas aplicadas para fijar el valor de la tasa. Del Solar advirtió que en diversos distritos bonaerenses la exacción perdió su carácter retributivo de servicio indivisible: “La tasa pasa a ser un cálculo como un impuesto que no tiene absolutamente nada que ver con el costo operativo necesario para arreglar esos caminos”, sostuvo el dirigente.
Ante el cuadro de ineficiencia administrativa, las entidades del campo plantearon modificar íntegramente el sistema de gestión mediante la tercerización de los trabajos en empresas privadas a través de licitaciones públicas transparentes. Según las estimaciones de costos presentadas por los productores, una intervención estructural de fondo sobre un camino troncal de más de ocho metros ronda los $750.000 por kilómetro, mientras que las tareas de rastreo y perfilado regular oscilan entre $200.000 y $220.000.
Bajo ese esquema de costos, Del Solar calculó que cubrir los 1.000 kilómetros de la red rural de Rojas demandaría un presupuesto anual de $1.200 millones —cifra menor al monto desviado en 2025— para mantener toda la red en condiciones óptimas. La iniciativa propone dividir el partido en cuadrículas operativas donde los contratistas cobren contra certificación de avance: “Si se rompe una máquina o hay problemas laborales, no es un tema del municipio. La comuna debe controlar y pagarle al contratista en la medida en que los propios productores den la conformidad de que las obras están terminadas”, concluyó.
