· Domingo 1 de febrero de 2026 · · [temperatura]
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El rechazo oficial a las resoluciones por financiamiento universitario coincide con la agenda exterior del Presidente, mientras el oficialismo teje alianzas legislativas y la interna bonaerense expone el peso real de La Cámpora.
El escenario político sumó en las últimas horas un nuevo foco de conflicto tras conocerse la orden judicial de primera instancia que exige la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario, al ratificar que el Poder Ejecutivo carece de facultades para suspender normas sancionadas por el Congreso. El Gobierno anticipó que apelará la medida, en una discusión de fondo que corre en paralelo con las cautelares atendidas por la Corte Suprema, cuyo requerimiento apunta a garantizar partidas para salarios y becas. En los despachos oficiales el malestar con los tribunales no se oculta: califican las resoluciones sobre las universidades y la Ley de Tierras como embates directos contra el equilibrio fiscal, a la par que la comunidad educativa ya perfila una nueva movilización para el 15 de octubre.
Pese a las tensiones domésticas, en la Casa Rosada confían en la proyección exterior de la administración. Tras atribuirse un rol decisivo en la victoria de Flavio Bolsonaro en Brasil, el mandatario prevé desembarcar en España para respaldar a figuras como Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal de cara a los comicios anticipados. La mirada oficialista sigue de cerca el desenlace de los procesos electorales en Israel y Estados Unidos, bajo la premisa de que la vidriera internacional apuntalará la atracción de capitales.
En el plano local, los operadores libertarios buscan consolidar apoyos territoriales. Con la reforma electoral en el centro de las prioridades, las negociaciones alcanzaron a mandatarios del norte como Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca). Al mismo tiempo, se registran reacomodamientos internos en estructuras clave del Estado, marcados por la llegada de Andrés Michelazzo a la conducción del ENACOM en lugar de Juan Martín Ozores, movimiento que redefine la gravitación interna de los principales asesores presidenciales.
Ese reordenamiento convive con ruidos en el vínculo con los aliados. Ciertas reflexiones de Patricia Bullrich en foros empresarios y comentarios sobre su futuro político generaron suspicacias en el entorno libertario, donde no descartan que busque un rol de peso en los próximos turnos electorales. La tensión salpica igualmente a la Ciudad de Buenos Aires, donde las posturas entre Jorge Macri, con aspiraciones de reelección, y Mauricio Macri —quien evalúa alternativas con Guillermo Dietrich— evidencian fisuras en el PRO, panorama al que se suman especulaciones sobre nombres extrapartidarios como el de Jorge Brito.
En las filas del Partido Justicialista se intensifican las conversaciones para fijar las reglas del juego de cara a 2027, con la continuidad o supresión de las elecciones PASO como variable determinante. Dirigentes territoriales como Federico Achával (intendente de Pilar) reconocen la dificultad de modificar la norma que limita las reelecciones indefinidas y reclaman que la futura candidatura a la gobernación bonaerense recaiga en un jefe comunal, mientras Axel Kicillof acelera sus propios tiempos al carecer de opción para repetir mandato provincial.
Pese a las rispideces discursivas entre la gobernación y el kirchnerismo duro, la estructura institucional bonaerense mantiene un esquema de cogobierno inalterable. La Cámpora retiene posiciones neurálgicas en el gabinete provincial: encabeza los ministerios de Salud (Nicolás Kreplak), Justicia (Juan Martín Mena), Ambiente (Daniela Vilar) y Cultura (Florencia Saintout), sumado a cajas estratégicas como el IOMA bajo el mando de Homero Giles y el IPS con Marina Moretti.
El despliegue de la organización abarca además el Organismo Provincial de Contrataciones, la dirección de Radio Provincia, los consorcios portuarios de Mar del Plata y San Nicolás, y asientos en el directorio del Banco Provincia. A esa nómina se agrega una gravitación decisiva en el Consejo General de Educación y en el Consejo de la Magistratura provincial, donde legisladores y funcionarios camporistas ocupan cargos clave que ratifican el fuerte anclaje de la fuerza en la administración de Buenos Aires.
