El Gobierno adjudicó ocho corredores viales por 20 años y privatizó casi 4.000 kilómetros de rutas nacionales

El Gobierno nacional formalizó la adjudicación de ocho corredores viales estratégicos a consorcios y empresas privadas por un período contractual de 20 años, completando la tercera etapa del programa denominado Red Federal de Concesiones. La medida quedó rubricada en la Resolución 1379/2026 del Ministerio de Economía, suscripta por el titular del área, Luis Caputo, y publicada en el Boletín Oficial.

Esta fase incorpora más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales que atraviesan once provincias: Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, Corrientes, Chaco, Misiones y Mendoza. Los contratos asignados estipulan la construcción, explotación comercial, administración, ensanche, reparación, conservación preventiva y mantenimiento general de la infraestructura vial, sumado a la prestación de servicios a los usuarios bajo el régimen de cobro de peaje sin erogaciones presupuestarias directas por parte del Estado nacional.

Detalle de los tramos adjudicados, empresas ganadoras y tarifas

El proceso licitatorio distribuyó la administración y cobro de peajes en ocho regiones viales de alta circulación:

• Tramo Centro: Asignado al consorcio integrado por AFEMA S.A. - Pablo Federico e Hijos S.A. - Guido Mogetta S.A., con una tarifa base de $1.399 (sin IVA).

• Tramo Centro Norte: Quedó en manos de José Cartellone Construcciones Civiles S.A., con un valor de peaje ofertado de $2.175 (sin IVA).

• Tramo Mesopotámico: Adjudicado a la unión entre IEB Construcciones S.A. - Trading MRG S.A.U., por una tarifa de $3.564,99 (sin IVA).

• Tramo Noroeste: Otorgado a la sociedad conformada por Autovía Construcciones y Servicios S.A. - Vapeu S.R.L. - Guigivan S.R.L., con un costo de $2.285 (sin IVA).

• Tramo Litoral: Resultó ganadora la propuesta técnica y económica de JCR S.A. - Néstor Julio Guerechet S.A., fijando la tarifa en $2.876,04 (sin IVA).

• Tramo Noreste: Concedido al grupo Carlos E. Enriquez S.A. - Hormi S.A., que estableció un importe de $2.950 (sin IVA).

• Tramo Chaco-Santa Fe: Adjudicado a la alianza José Eleuterio Pitón S.A. - Rovial S.A. - Obring S.A., con un canon de peaje de $3.520 (sin IVA).

• Tramo Cuyo: La explotación quedó a cargo de Laugero Construcciones S.A. - Green S.A. - Corporación del Sur S.A., por una tarifa de $3.090,2462 (sin IVA).

Ofertas rechazadas y exclusiones del proceso licitatorio

La resolución ministerial detalló asimismo las presentaciones de oferentes que resultaron inadmisibles y desestimadas por la Comisión Evaluadora:

• Lemiro Pablo Pietroboni S.A. - Merco Vial S.A. - Frontera S.A.: Ofertas rechazadas para los tramos Centro Norte y Noroeste.

• INMAC S.A. - Tecnoedil S.A. Constructora - Rowing S.A.: Excluidas de la competencia para los tramos Centro Norte y Noreste, luego de que la propia UTE declarara inconsistencias formales posteriores a la apertura de sobres, comprometiendo la seriedad de su oferta económica.

• CPC S.A.: Desestimadas en todos los renglones licitatorios en los que participó.

• Propuestas individuales de Autovía Construcciones - Guigivan y José Cartellone: Rechazadas en el Tramo Noreste.

Alcance total de la red privatizada y control estatal

El plan privatizador tiene su marco de origen en el Decreto 97/2025, que dispuso la liquidación total de la empresa estatal Corredores Viales S.A. y delegó en Economía la licitación integral de las rutas nacionales. Con la conclusión de esta Etapa III, el Poder Ejecutivo totalizó la concesión de más de 9.000 kilómetros divididos en 16 corredores estratégicos, por los que transita cerca del 80% del flujo vehicular comercial y particular del país.

Desde la cartera económica ratificaron que los 16 tramos estarán operativos con obras de mantenimiento y repavimentación a partir de fines de septiembre. La supervisión del cumplimiento contractual quedará bajo la órbita de Vialidad Nacional, que implementará un modelo de control por resultados enfocado en garantizar los estándares de transitabilidad y seguridad vial sin comprometer fondos públicos.