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Los psiquiatras prestan testimonio ante el Tribunal luego de que saliera a la luz un error en la evaluación clínica de Don Diego. En tanto, las querellas piden investigar el origen de la documentación, la defensa de Leopoldo Luque analiza solicitar la anulación del debate.
El juicio oral que investiga las responsabilidades penales en el fallecimiento de Diego Armando Maradona retoma sus audiencias este jueves en los Tribunales de San Isidro bajo un clima de máxima tensión. Tras superar las 30 jornadas de debate, el Tribunal Oral en lo Criminal convocó a prestar declaración testimonial a los médicos psiquiatras José Luis Covelli y Enrique Gallego, dos de los profesionales que formaron parte de la junta médica interdisciplinaria que evaluó la historia clínica del astro futbolístico y delimitó las conclusiones periciales sobre su tratamiento en la internación domiciliaria de Tigre.
La comparecencia de los especialistas se produce inmediatamente después del escándalo desatado en la última sesión, cuando se constató en pleno interrogatorio que la junta pericial analizó por error estudios de laboratorio sobre función renal pertenecientes a Don Diego Maradona, padre del exfutbolista atendido por la prestadora Swiss Medical en 2015. Frente a esto, el fiscal Patricio Ferrari detalló el circuito de incorporación de la prueba desde los primeros días posteriores a la muerte y apuntó contra las maniobras procesales: "La propia defensa cuestiona los estudios de laboratorio. Les quiero decir esto: solo el que puso la trampa puede saber dónde está oculta".
La revelación del error documental abrió un escenario de confrontación entre las partes sobre la validez del proceso judicial:
Planteo de la defensa: Francisco Oneto, abogado defensor del neurocirujano Leopoldo Luque, calificó el hecho como un episodio grave y adelantó que evaluará solicitar ante los jueces la nulidad total del juicio y no únicamente la exclusión del informe médico objetado.
Postura de la querella: El abogado de Dalma y Gianinna Maradona, Fernando Burlando, reclamó abrir una investigación penal paralela para determinar a los responsables del envío de los datos erróneos: "Se trata de un delincuente o de un inepto. Como medida extrema puede haber una nulidad parcial de una parte de la junta, pero hay material de sobra para condenar a los acusados".
El debate oral busca determinar si los siete profesionales de la salud imputados incurrieron en conductas con dolo eventual o negligencia médica durante la internación domiciliaria en el barrio San Andrés previa al 25 de noviembre de 2020. El proceso actual se lleva adelante tras la suspensión del juicio previo, originada por la recusación y apartamiento de la magistrada Julieta Makintach.
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