Reordenamiento del sector médico privado: dan de baja a 18 prestadoras sin afiliados ni actividad

En el marco del plan de fiscalización y ordenamiento del sistema de salud privado, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) resolvió inhabilitar a 18 entidades de medicina prepaga, mutuales y cooperativas, excluyéndolas del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP). Con esta última disposición publicada en el Boletín Oficial, el organismo dependiente del Ministerio de Salud ya acumula más de 180 prestadoras dadas de baja a lo largo del proceso de saneamiento de padrones.

La decisión administrativa se fundamentó en inspecciones que detectaron la carencia de afiliados activos, falta de prestaciones efectivas y omisión en la presentación de balances y documentación técnica respaldatoria que exige la Ley N° 26.682. Desde la Superintendencia remarcaron que la medida no altera la cobertura de los usuarios, dado que las organizaciones canceladas operaban administrativamente como agentes "fantasma" o mantenían inscripciones provisorias sin actividad prestacional en el territorio nacional.

Las 18 entidades dadas de baja y declaración de crisis

La nómina de las firmas y entidades alcanzadas por la reciente resolución comprende a:

• Plan Odontológico Integral S.A.

• Cámara de Tabaco de Misiones

• Armiento S.A.

• Instituto Materno Infantil S.A.

• Sociedad Médica Universitaria S.A.

• Asociación Mutual Intercooperativa

• AMI S.R.L.

• Huinca Salud S.A.

• Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos y de Créditos Cuenca del Salado Ltda.

• Mutual de Ayuda entre Profesionales del Arte de Curar del Sanatorio Garay

• EMPY S.R.L.

• Policlínico Lomas Medicina Prepaga S.A.

• Timely Medical

• Premedikal S.R.L.

• Emergencia S.R.L.

• Seres S.R.L.

• Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Villa Cañás Limitada (COEVICAL)

• Cardio S.A.

En paralelo, la Superintendencia declaró en situación de crisis a la Obra Social de Operadores Cinematográficos (R.N.A.S. Nº 1-0460-3) bajo los términos del Decreto N° 1400/2001. La determinación fue adoptada tras constatar inconsistencias contables, dificultades económico-financieras, fallas en la atención a los beneficiarios e incumplimientos prestacionales, por lo que la entidad deberá someterse a la supervisión del Comité de Evaluación y Seguimiento de Crisis y presentar un plan de contingencia urgente para regularizar su funcionamiento.