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Los expositores advirtieron que la Corte Suprema se arrogó facultades legislativas al restituir la vigencia de la Ley 24.937 que había sido derogada por el Congreso 16 años antes.
La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados analizó este jueves el fallo de la Corte Suprema de Justicia que modificó la conformación del Consejo de la Magistratura, una de las causales por las que el oficialismo promovió la acusación contra los miembros del tribunal, en una reunión en la cual expusieron la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, y el expresidente del Colegio Público de Abogados porteño, Jorge Rizzo.
La presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (FdT), anunció además que se está en condiciones de hacer circular el informe sobre presuntas irregularidades en la obra social del Poder Judicial con una acusación sobre el desempeño del juez Juan Carlos Maqueda en la administración de ese ente y que se empezará a analizar el informe del fallo sobre coparticipación porteña, pero "en este caso la mayor responsabilidad la tiene Horacio Rosatti", titular de la Corte Suprema.
La legisladora también anunció que en la próxima reunión -que aún no tiene fecha- se tratará el pedido de enjuiciamiento hecho por la Coalición Cívica contra el juez Ricardo Lorenzetti por "abuso de poder", aunque también se volverá a citar a Roberto Saggese, secretario letrado de la Corte, quien hoy no concurrió a la citación de la comisión.
Al explicar los argumentos del oficialismo para objetar el fallo de la Corte que declaró inconstitucional la ley del Consejo de la Magistratura -y lo volvió a su composición original- Gaillard dijo que "la hipótesis general es la cooptación del Consejo de la Magistratura por parte de la Corte con el objeto de mantener el statu quo en el foro federal y ejercer facultades propias del Poder Legislativo".
También objetó que "la Corte se arrogó facultades legislativas al restituir la Ley 24.937, que había sido derogada por el Congreso hacía 16 años", que disminuía el número de integrantes del Consejo de 20 a 13.
Tras su exposición, el diputado del PRO Pablo Tonelli dijo que "dejamos constancia de que todas las supuestas irregularidades que usted enumeró, que desde nuestro punto de vista, no constituyen irregularidad alguna y no justifican ni dan fundamento a un pedido de juicio político".
Por su parte, la legisladora peronista Vanesa Siley señaló que "el origen de esta causa tiene que ver con que cuando asume Juntos por el Cambio el Gobierno cambia la postura de la Corte, por eso esta causa estuvo frenada cuatro años tras el pedido de suspensión de plazos del ex ministro de Justicia Germán Garavano".
La primera testigo en exponer fue la Directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, quien señaló que "recusamos a Rosatti porque hay un principio básico: no se puede ser juez y parte. Cuando Rosatti asume la presidencia del Consejo de la Magistratura pasa a ser parte; no se puede estar de los dos lados del mostrador.
"La posición del Senado fue ratificada y estamos en recurso extraordinario que no ha sido resuelto, porque luego de la intervención de Rosatti, y a la fecha, los expedientes juntan polvo; dado esto, el Consejo funciona con 19 miembros", ya que está indefinida la designación del representante del Senado.
Defendió la decisión del oficialismo de impulsar la postulación del senador Martín Doñate como consejero, al señalar que "el bloque Frente Nacional y Popular tiene 21 miembros, el bloque UCR tiene 18 miembros, el bloque Unidad Ciudadana tiene 14 miembros y el bloque PRO, que está obturando y querellando, esto tiene 8 miembros".
Agregó que la intención del senador macrista Humberto Schiavoni de querer que se designe a la cuarta minoría del bloque que él integra con su par Luis Juez -en su momento postulado para el Consejo-, "es contrario al texto de la ley que resucitó la Corte". Y criticó al tribunal por "haber interferido en competencias exclusivas y excluyentes del Senado de la Nación respecto de la articulación de sus bloques".
Otro tema que volvió a estar presente en los debates son los chats filtrados entre el exministro de Seguridad porteño Marcelo D"Alessandro y Silvio Robles, estrecho asesor de Rosatti, ya que se referían a ese fallo sobre el Consejo de la Magistratura, del cual el titular de la Corte también es presidente.
Sobre este punto Peñafort dijo que en esos chats se observa "la instrucción por parte de Robles a D"Alessandro para que la bancada opositora tuviese una estrategia específica para el tratamiento del Consejo de la Magistratura; y que después fue la que llevó adelante".
Por su parte, el expresidente del Colegio Público de Abogados porteño Jorge Rizzo dijo que "con cuatro miembros no se puede seguir, no es justo el fallo, como no fue justa la elección del presidente", en alusión a Rosatti.
En ese sentido agregó que el autovoto de Rosatti "no es ilegal, pero no es de estilo en la Corte Suprema", y agregó que "lo peor es que se votó estando un ministro ausente".
Sobre el fallo que declaró inconstitucional la ley votada en 2006, durante el Gobierno de Néstor Kirchner, Rizzo dijo que "no podía darle virtualidad a una ley derogada hace 16 años", y dijo que Lorenzetti expuso esas razones en su disidencia.
Lorenzetti señaló en sus disidencias que la Ley 24.937, vuelta a poner en vigencia, sancionada en 1997, quedó derogada por la reforma de 2006 y ya no es válida.
En tanto, el diputado del FdT Rodolfo Tailhade pidió que solicite documentación a la Corte y se convoque al Consejo de la Magistratura al expresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) Rodolfo Tecchi, al senador Martín Doñate y a los periodistas Martín Angulo, Patricia Blanco, Bárbara Komarovsky y Gabriel Morini.
La Corte declaró en diciembre de 2021 inconstitucional la Ley del Consejo de la Magistratura aprobada en 2006 por la cual se redujo de 20 a 13 el número de integrantes del organismo encargado de seleccionar jueces, analizar su conducta y administrar el Poder Judicial.
En ese marco, repuso la ley anulada, con lo cual se volvió a la composición de 20 miembros, que dejó en manos de Rosatti la titularidad del Consejo.
En el proyecto presentado por el oficialismo se señala que en el fallo sobre el Consejo se contó "con el voto favorable de los doctores (Carlos) Rosenkrantz y (Juan) Maqueda, como así también del doctor Rosatti, quien de tal modo se erigió en Presidente del Consejo, cuando elementales reglas éticas le imponían, dado el contenido de la decisión que iba a adoptar la Corte, abstenerse de tomar parte de una resolución que, obviamente, lo involucraba de manera directa".
En el proyecto se afirma además que Rosatti "manipuló la integración del Consejo a los efectos de obtener las mayorías que le sean más beneficiosas, en un franco alzamiento e invasión a las facultades propias y excluyentes del Congreso de la Nación".
También se señala que se "avanzó indebidamente sobre la autonomía de la Honorable Cámara de Senadores, al determinar de forma arbitraria y autoritaria cómo debían organizarse los bloques en dicha Cámara. Ello implica una clara violación constitucional a la autonomía del Senado de la Nación y a su reglamento, el que goza de raigambre constitucional".
