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El staff técnico del Fondo avaló la tercera revisión del programa económico, paso previo a un desembolso de US$ 900 millones. El organismo resaltó las iniciativas estratégicas del RIGI en minería y energía, claves para atraer financiamiento.
El Gobierno argentino alcanzó un acuerdo a nivel técnico con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco de la tercera revisión del programa económico vigente, un paso clave que habilitaría un desembolso de US$ 900 millones sujeto a la aprobación final del directorio ejecutivo del organismo prevista para comienzos de diciembre. En su informe técnico, el Fondo destacó de manera particular el flujo de proyectos aprobados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el cual ya reúne iniciativas por más de US$ 76.000 millones distribuidas en minería, hidrocarburos, infraestructura, siderurgia y tecnología.
Aunque esa cifra representa compromisos proyectados y no inversiones ya desembolsadas, dimensiona la cartera estratégica que la administración nacional busca apalancar mediante beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios. Para el sector minero, concentrado en el desarrollo de yacimientos de cobre, litio, oro y plata en las provincias del oeste y noroeste argentino, la señal de estabilidad macroeconómica resulta crítica debido a los extensos plazos de maduración y a los elevados montos requeridos en obras de procesamiento, vialidad y provisión energética antes de la etapa productiva.
A la instrumentación del RIGI se sumaron reformas administrativas adoptadas en los últimos meses para facilitar la llegada de capitales a la actividad extractiva. Entre las medidas sobresalen la puesta en marcha de un registro centralizado de proyectos, su articulación directa con los beneficios para grandes inversiones y la digitalización de los reintegros de créditos fiscales del IVA para tareas de exploración, con el objetivo de acortar tiempos burocráticos y dar previsibilidad jurídica durante las etapas de prospección y estudio de impacto ambiental.
Las autoridades económicas remarcan que la competencia global por radicar capitales mineros exige no solo riqueza geológica, sino también acceso al mercado cambiario, infraestructura logística y seguridad normativa. El desafío del esquema oficial radicará en transformar los proyectos aprobados en producción efectiva para impulsar las exportaciones, en un contexto internacional traccionado por la transición energética y la creciente demanda de minerales críticos.
