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Los títulos de la petrolera británica sufrieron una fuerte corrección en la Bolsa de Londres. La presión del Gobierno argentino, cautelares judiciales y el retiro de dos contratistas clave pusieron en riesgo el cronograma de extracción de crudo en las islas.
Las acciones de la petrolera británica Rockhopper Exploration registraron un desplome del 19,7% en la Bolsa de Londres, acentuando una tendencia bajista que acumula pérdidas previas del 18% en septiembre. La caída en la cotización refleja la creciente incertidumbre del mercado financiero frente al proyecto de extracción de hidrocarburos Sea Lion, ubicado en la cuenca norte de las Islas Malvinas, donde Rockhopper posee una participación del 35% junto a la operadora israelí Navitas Petroleum (65%).
El retroceso bursátil se profundizó tras confirmarse que dos contratistas vinculados a la logística e infraestructura decidieron retirarse del proyecto para no incurrir en violaciones a las normativas internacionales ni arriesgarse a las sanciones impulsadas por el Gobierno argentino. Pese a que las petroleras intentaron llevar tranquilidad a los inversores asegurando que buscan sustitutos para mantener la fecha de inicio de perforación programada para 2027, admitieron en comunicaciones oficiales ante el mercado de Londres que nuevos contratiempos o la falta de reemplazos podrían impactar severamente en el desarrollo de la cuenca.
La presión sobre las compañías involucradas se intensificó tras el endurecimiento de la postura de la administración del presidente Javier Milei contra las actividades extractivas no autorizadas en la plataforma continental argentina. A las inhabilitaciones y sanciones administrativas dispuestas por la Secretaría de Energía, se sumó una medida cautelar dictada por la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, a partir de una presentación de centros de excombatientes de Malvinas, la cual ordena la suspensión inmediata de las tareas operativas vinculadas a Sea Lion.
En el plano diplomático y legal externo, la Cancillería argentina avanza en la preparación de una demanda ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). El Ejecutivo nacional solicitará medidas provisionales urgentes para frenar cualquier tipo de avance en el yacimiento —cuya primera fase prevé una producción de hasta 55.000 barriles diarios para 2028— hasta tanto se resuelva la controversia de fondo sobre la soberanía del archipiélago.
