Mediante la Resolución 1436/2026, el ministro Luis Caputo eliminó el organismo que operaba dentro de la Secretaría de Energía para evitar la duplicación de áreas técnicas y unificó los futuros expedientes bajo la órbita directa del Ministerio de Economía.

A través de la Resolución 1436/2026 publicada este miércoles en el Boletín Oficial con la firma del ministro Luis Andrés Caputo, el Ministerio de Economía oficializó la disolución definitiva de la Comisión de Evaluación, Coordinación y Seguimiento de los Procesos de Redeterminación de Precios que funcionaba en el ámbito de la Secretaría de Energía. A partir de esta disposición, la totalidad de los trámites vinculados a la actualización de valores contractuales pasarán a concentrarse en la comisión homónima que ya opera bajo la conducción directa del Palacio de Hacienda.
La estructura suprimida había sido instituida en 2020 durante la vigencia de la Resolución 541, período en el que se reorganizaron las dependencias del extinto Ministerio de Energía y Minería. De acuerdo con los considerandos de la medida, el actual esquema de competencias y la notable merma en el volumen de contratos de obra pública que demandan reajustes periódicos tornaron prescindible la coexistencia de áreas técnicas paralelas en una misma cartera. Con este reordenamiento, la administración nacional apunta a optimizar el gasto estatal, evitar la superposición de tareas burocráticas y asegurar pautas de eficiencia operativa.
A partir de la entrada en vigencia del texto normativo, los expedientes que se inicien en el futuro dentro del área energética y que demanden un análisis de costos serán asumidos por la Comisión de Evaluación, Coordinación y Seguimiento de los Procesos de Redeterminación de Precios del Ministerio de Economía, creada en 2024 mediante la Resolución 542 para el tratamiento integral de estos procedimientos.
La iniciativa se encuadra en los lineamientos fijados por el Régimen de Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública y de Consultoría de la Administración Pública Nacional, regulado originalmente por el Decreto 691 de 2016 y actualizado por el Decreto 490 de 2023. De este modo, el Poder Ejecutivo unifica bajo un mando técnico único la evaluación y el control de los índices de actualización financiera en la infraestructura estatal remanente.