Con compromisos de deuda externa que rondan los US$ 24.900 millones y la típica dolarización previa a los comicios, el equipo económico confía en las compras del BCRA, el superávit comercial del agro y la energía, y el flujo del RIGI para evitar tensiones cambiarias.
A un año de las elecciones de 2027, el radar macroeconómico se concentra en la capacidad del Gobierno para abastecer la oferta de divisas frente a un doble frente: la habitual dolarización preventiva de carteras por parte de empresas y ahorristas ante la incertidumbre electoral, y compromisos por US$ 24.900 millones en vencimientos de deuda. El esquema presentado por el ministro de Economía, Luis Caputo, junto al viceministro José Luis Daza y el secretario de Finanzas, Federico Furiase, contempla US$ 15.700 millones correspondientes a amortizaciones de capital y US$ 4.400 millones asignados al Fondo Monetario Internacional (FMI).
Para cubrir estas obligaciones sin depender del regreso a los mercados internacionales de crédito -posibilidad que Caputo definió como "una opción y no un objetivo"-, el Tesoro diseñó un esquema diversificado de financiamiento:
Compras al BCRA y remanentes: Transferencia de US$ 4.900 millones desde el Banco Central y un arrastre de US$ 3.700 millones del ejercicio 2026.
Mercado local y organismos: Emisiones domésticas por US$ 5.000 millones, desembolsos del FMI por US$ 1.700 millones y US$ 4.200 millones de entidades multilaterales.
Otros ingresos extraordinarios: US$ 2.000 millones en préstamos bilaterales, US$ 1.500 millones vía privatizaciones y US$ 1.800 millones mediante el roll-over de deuda intra-sector público.
De acuerdo con un análisis de la consultora Epyca, dirigida por Martín Kalos, la reticencia a emitir en el exterior responde a la persistente dificultad para consolidar una compresión definitiva del riesgo país, que volvió a superar la barrera de los 500 puntos básicos tras trabas legislativas en el Congreso. En materia de acumulación, la firma estima que las compras brutas del Banco Central podrían rondar los US$ 11.800 millones, lo que, tras deducir las transferencias al Tesoro, dejaría un saldo neto favorable de US$ 6.900 millones para engrosar las reservas internacionales.
El ingreso genuino de moneda dura estará respaldado por los sectores estratégicos del comercio exterior: el complejo agroexportador aportaría cerca de US$ 35.000 millones anuales, a los que se integrarán US$ 14.400 millones del sector hidrocarburífero y US$ 9.000 millones provenientes de la minería. Asimismo, el equipo económico proyecta la maduración de los primeros desembolsos del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) por unos US$ 5.000 millones, complementados por colocaciones corporativas de Obligaciones Negociables, consolidando el caudal necesario para transitar el año electoral.
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