El Gobierno de Argentina imputó a 95 empresas de todo el país por haber incluido tasas indebidas en las facturas de servicios públicos como electricidad, agua o gas, en violación a una resolución oficial que entró en vigencia en octubre. La medida fue tomada por la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, y se abrieron 244 expedientes vinculados a las imputaciones, uno por cada localidad donde las empresas no cumplieron con la norma.

Las imputaciones se refieren a facturas con vencimiento posterior al 11 de octubre, cuando comenzó a regir la resolución 267/2024, que prohíbe incluir en las facturas cargos adicionales no relacionados con el servicio contratado. Las empresas involucradas tendrán un plazo de cinco días hábiles para presentar su descargo. Si no lo hacen o si no se justifica el cobro de los cargos indebidos, podrían enfrentar sanciones con multas que ascienden hasta los $2130 millones.

Las compañías imputadas operan en distintas provincias, incluidas Buenos Aires, Misiones, San Juan, Entre Ríos, Córdoba, Chubut, Salta, y Mendoza, entre otras. Además, la Secretaría de Industria y Comercio anunció que continuará con la instrucción de sumarios por las facturaciones de noviembre y diciembre.

Este accionar surge como respuesta a denuncias sobre la inclusión de tasas municipales y otros cargos no vinculados a los servicios esenciales. La resolución también ha generado conflictos con algunos intendentes del conurbano bonaerense, quienes han recurrido a la Justicia para intentar anular la medida. A pesar de estos intentos legales, la Secretaría reafirmó que las facturas de servicios esenciales deben detallar exclusivamente los costos del servicio contratado, sin cargos adicionales.