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Registros citados por The Intercept señalan que el FBI pasó de 279 empleados en tareas migratorias a más de 6.500 durante los primeros meses del segundo mandato de Donald Trump.
El FBI multiplicó de manera drástica su participación en tareas de control migratorio durante los primeros meses del segundo mandato de Donald Trump, en el marco de una política de deportaciones masivas y endurecimiento de la seguridad fronteriza.
Según registros del organismo citados por The Intercept, hasta enero de 2025 había 279 empleados del FBI trabajando en asuntos relacionados con inmigración. Para septiembre de ese mismo año, la cifra había trepado a más de 6.500, lo que representa un aumento de más de 20 veces en menos de un año.
El Buró cuenta con aproximadamente 38.000 empleados. De ese total, 9.161 participaron en algún momento en tareas vinculadas al control migratorio entre la investidura de Trump y septiembre de 2025, según el relevamiento citado por el medio estadounidense.
La frase corresponde a Aaron Reichlin-Melnick, investigador principal del Consejo Estadounidense de Inmigración, quien advirtió sobre el tamaño del despliegue y el cambio de prioridades dentro de una agencia tradicionalmente orientada a investigar delitos federales, terrorismo, crimen organizado, cibercrimen y contrainteligencia.
El incremento se produjo especialmente durante los primeros días de gestión de Kash Patel al frente del FBI, en febrero de 2025. El movimiento acompañó una decisión más amplia del Gobierno de Trump: poner recursos de distintas agencias federales a disposición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Un informe del Cato Institute, centro de estudios de orientación libertaria, sostuvo que ICE recibió asistencia de miles de agentes externos a su estructura, incluidos miembros del FBI, el Servicio de Marshals, la DEA y la ATF. En el caso del FBI, el relevamiento indicó que alrededor de uno de cada cinco agentes fue derivado a colaborar con operativos migratorios.
Para David J. Bier, director de estudios migratorios de Cato, esta reasignación muestra hasta qué punto los recursos del FBI fueron puestos al servicio de ICE, en contra del objetivo original para el cual el Congreso financia al Buró. El informe también advirtió que más de 25.000 oficiales de distintas agencias habrían sido desviados hacia tareas de deportación y control migratorio.
El debate de fondo es institucional: críticos de la medida sostienen que derivar personal especializado del FBI hacia inmigración puede debilitar investigaciones sobre amenazas de seguridad nacional, delitos complejos, narcotráfico, explotación infantil, crimen financiero o ciberataques. En cambio, la administración Trump defiende el despliegue como parte de una estrategia para reforzar el cumplimiento de las leyes migratorias.
Según Axios, Estados Unidos e Irán están cerca de acordar un memorando para finalizar la guerra, reabrir el estrecho de Ormuz y abrir una negociación nuclear más amplia.
La política se enmarca en un discurso más amplio del presidente estadounidense, que prometió detener de forma permanente la llegada de migrantes de países del "tercer mundo" y promover lo que denomina "migración inversa". En septiembre de 2025, además, la Casa Blanca endureció la regulación migratoria con medidas como una tarifa de US$100.000 para ciertas solicitudes de visas H-1B.
El caso del FBI expone así una transformación profunda en las prioridades de seguridad interna de Estados Unidos: una agencia concebida para investigaciones federales complejas pasó a tener un rol mucho más visible en la maquinaria migratoria impulsada por Trump.
