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La fiscal Cecilia Incardona solicitó procesar con prisión preventiva al titular de Sur Finanzas por desplegar un esquema de blanqueo a través de billeteras virtuales, operaciones cambiarias no autorizadas e inmuebles.
La situación procesal de Ariel Vallejo, titular de la firma Sur Finanzas y financista vinculado a Claudio “Chiqui” Tapia, sumó un revés determinante tras el pedido de procesamiento con prisión preventiva formulado por la fiscal federal Cecilia Incardona. El dictamen, elevado ante el juez Juan Tomás Rodríguez Ponte, imputa al empresario por los delitos de lavado de activos y evasión tributaria, al considerarlo el engranaje central de una maquinaria destinada a incorporar al circuito legal más de 40.000 millones de pesos originados en apuestas clandestinas por internet e infracciones al régimen cambiario.
La acusación sostiene que la compañía operó entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 como un canal de blanqueo recurriendo a proveedores de servicios de pago y a una cuenta corriente radicada en el Banco Hipotecario, entidad desde la cual señalaron que la firma contaba con la documentación en regla al momento de su apertura. El circuito se nutría de cuentas digitales creadas mediante el robo de datos biométricos de terceros para captar el flujo del juego no regulado, cuyos fondos terminaban concentrados en cuatro receptores finales identificados como Ignacio L. M., Juan I. C., Catriel T. y un operador de apellido Scigliano. Solo a través de la billetera del primero transitaron $39.456 millones, mientras que las cuentas de los restantes registraron sumas por $15.706 millones, $1.071 millones y $7.285 millones, estos últimos vinculados también a intermediación financiera indebida.
El andamiaje probatorio incluye testimonios clave, como la confesión brindada el 26 de agosto de 2026 por Mauro Perrotta, quien admitió ante la Justicia haber administrado un panel comercializador de fichas de apuestas. La pesquisa detectó además una línea telefónica asociada a una cuenta en Ualá agendada bajo el alias “CASINO 24HS”, junto a intervenciones telefónicas de enero de 2026 donde el propio Perrotta reconoció haber sostenido el negocio ilegal durante más de un año. Estas pruebas se complementaron con el secuestro de un cuaderno con anotaciones de cifras, contactos y nombres de plataformas incautado en un gimnasio de su entorno.
En paralelo, el expediente expone que Sur Finanzas actuó por fuera de los marcos legales al captar depósitos del público para prestar dinero y descontar cheques sin contar con la habilitación del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Si bien figuraba inscripta como proveedora de pagos, la empresa mezclaba los fondos de los clientes con el patrimonio propio, llegando a mover 51.436 cheques de terceros por más de $189.658 millones entre fines de 2024 y 2025. Dentro de estas operaciones figuran préstamos a particulares por $702 millones, gestiones de cobranza por $1.295 millones con REBA Compañía Financiera para la firma Agolar S.A., y transacciones con Argentinos Juniors, entidad deportiva que cedió cheques por $600 millones a una tasa nominal adelantada del 100% y tomó un crédito institucional por $200 millones.
La maniobra de blanqueo también alcanzó el mercado inmobiliario mediante el uso de divisas provenientes de transacciones cambiarias ilegales. La fiscalía detectó que la firma Centro de Inversiones Concordia S.R.L. acumuló entre 2020 y 2022 tenencias en moneda extranjera sin autorización del BCRA por un exceso estimado en USD 103.548.677, generando utilidades irregulares por al menos $207 millones que habrían servido para dar origen a Sur Finanzas Group S.A.
A través de la sociedad Cluster Palace Beach S.A., ese flujo financiero se canalizó hacia la compra de seis departamentos en un complejo de la calle Coronel Samuel Spiro, en Adrogué, adquiridos entre fines de 2023 y mayo de 2024 por 600.000 dólares en efectivo. De acuerdo con los registros bancarios de la causa, los billetes físicos salieron de continuas extracciones de caja por USD 400.000 y depósitos millonarios en pesos cursados a través de la casa de cambio Ars Cambios S.A.S., cerrando el mecanismo utilizado por la organización para dotar de apariencia lícita a las ganancias delictivas.
