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El Legislativo desestimó el plazo de 72 horas solicitado por Santiago Peña para organizar su comparecencia, en un escenario marcado por dimisiones ministeriales e investigaciones judiciales ligadas a la crisis de Ueno Bank.
La estabilidad institucional de Paraguay atraviesa horas críticas luego de que el Congreso rechazara la solicitud de prórroga de 72 horas remitida por Santiago Peña para estructurar su descargo. Tras desestimar la carta enviada por el mandatario la noche anterior, el Senado fijó una comparecencia inmediata y le otorgó un margen de treinta minutos para presentarse a ejercer su defensa en el marco del juicio político abierto en su contra.
La situación del jefe de Estado se mantiene en una extrema debilidad administrativa y política. Aunque Peña formalizó la renuncia a su cargo durante el debate de los diputados para habilitar el proceso constitucional, el Parlamento optó por no aceptar la dimisión, circunstancia que lo obliga a continuar formalmente al frente del Ejecutivo mientras se sustancia el juzgamiento legislativo convocado para este viernes.
A la par del avance parlamentario, la estructura gubernamental sufrió fracturas inmediatas con la salida de funcionarios de primera línea. A través de decretos oficiales divulgados este viernes, se formalizó la aceptación de las dimisiones del jefe del Gabinete Civil, Javier Giménez, y del asesor jurídico presidencial, Roberto Moreno.
A estas bajas se sumó la del ministro del Interior, Enrique Riera, dimisión fechada el jueves 5 de noviembre que derivó en la designación de Carlos Benítez, viceministro de Seguridad Interna y excomandante de la Policía Nacional, al frente de la cartera de seguridad. De acuerdo con medios locales, Riera tiene previsto reincorporarse a su curul en el Senado, escaño para el que fue electo por un ciclo de cinco años en las elecciones generales de 2023 antes de incorporarse al gabinete.
El trasfondo de la conmoción institucional descansa sobre las derivaciones del cierre e investigación por presunto vaciamiento de la entidad Ueno Bank. Como parte de estas actuaciones, un operativo conjunto de la fiscalía y la policía ejecutó el allanamiento de la residencia de Miguel Vázquez, vicepresidente primero del banco, en la ciudad de Asunción.
Durante el procedimiento nocturno, la comitiva judicial procedió al secuestro de siete vehículos de alta gama, trasladados mediante grúas para quedar bajo la custodia de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados. El caso mantiene imputado a Vázquez junto con otros siete directivos de la entidad y diecinueve personas más asociadas a las firmas investigadas dentro de la trama financiera.
