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El fiscal federal concluyó que los bienes y fondos en efectivo de Manuel Adorni se originaron antes de su llegada a la función pública en 2023. No obstante, solicitó al juez Ariel Lijo remitir el expediente al fuero penal económico para investigar una presunta evasión tributaria.
El fiscal federal Gerardo Pollicita dictaminó que no existen elementos suficientes para sostener la acusación por presunto enriquecimiento ilícito contra el ex jefe de Gabinete y ex vocero presidencial Manuel Adorni, al determinar que el incremento patrimonial investigado no se originó durante su paso por la administración pública. En su presentación ante el juez federal Ariel Lijo, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó declarar la incompetencia del fuero de Comodoro Py y remitir el expediente a la Justicia Nacional en lo Penal Económico para que se investigue una posible evasión tributaria en los impuestos a las Ganancias y Bienes Personales.
La investigación judicial se inició a partir de una denuncia formulada por la diputada Marcela Pagano y abarcó el desempeño del exfuncionario entre el 14 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026. Aunque el dictamen no implica un sobreseimiento definitivo, Pollicita remarcó que las pruebas reunidas no permiten vincular los fondos con actos funcionales, sobornos o desvíos estatales, si bien persisten indicios fundados de que importantes volúmenes de moneda extranjera, activos virtuales y transacciones inmobiliarias se mantuvieron deliberadamente fuera del radar fiscal de ARCA.
El requerimiento patrimonial se había centrado en erogaciones por USD 402.578,12 —de las cuales USD 374.081,66 fueron abonadas en efectivo fuera del circuito bancario— y una inconsistencia de $43.068.549 entre ingresos lícitos justificados y gastos corrientes. Frente a la intimación, la defensa de Adorni argumentó que los fondos procedían de inversiones tempranas en Bitcoin realizadas entre 2014 y 2018 sobre ocho billeteras de autocustodia, cuya liquidación posterior generó un remanente neto de USD 591.544,61 conservados en billetes físicos.
Los peritajes técnicos encomendados a la Policía Federal Argentina comprobaron que las claves privadas de las billeteras estaban en poder de la defensa, que registraron actividad en dicho lapso temporal y que actualmente carecen de saldo. Si bien la tecnología blockchain impidió certificar la identidad histórica de quien operó las cuentas o las contrapartes de 17 movimientos realizados por fuera de exchanges registrados, la fiscalía concluyó que el relato técnico resultó verosímil y no pudo ser refutado.
A su vez, los registros de ANSES y ARCA respaldaron la viabilidad económica de la operatoria al constatar que los ingresos conjuntos de Adorni y su cónyuge, Bettina Angeletti, ascendieron a USD 335.000 hasta 2014 y alcanzaron USD 493.000 hacia 2018, período en el cual concretaron compras formales de divisas por USD 83.472, complementadas posteriormente con la venta de un inmueble heredado en La Plata por USD 50.000.
Entre los desembolsos analizados figuró la adquisición de un inmueble en el country Indio Cuá Golf Club escriturado a nombre de Angeletti por USD 120.000 más una cuota de ingreso de USD 5.000, financiado parcialmente con un mutuo de USD 100.000 otorgado por Graciela Molina y Victoria Cancio, y refacciones civiles que el contratista Matías Tabar afirmó haber cobrado por USD 245.000 en efectivo sin facturación, monto que la defensa redujo a USD 175.000 atribuibles a ahorros previos.
Asimismo, el expediente examinó la compra de un departamento con cochera sobre la calle Miró al 500, en el barrio de Caballito, pactada en noviembre de 2025 por USD 230.000. La transacción incluyó un pago de USD 30.000 al contado y una hipoteca privada de USD 200.000 a dos años sin interés suscripta con las vendedoras originales, a lo que se sumó una deuda de USD 65.000 con el gestor Pablo Feijoo por tareas de remodelación.
El fiscal también revisó el uso de tarjetas de crédito corporativas y personales a nombre de empleados del área de Vocería, entre ellas compras de blanquería y colchones para la propiedad de Indio Cuá por $8.183.303,25, dos proyectores por $1.831.795 cada uno y un monitor de $2.185.000. Los secretarios involucrados testificaron que las compras respondieron a asistencia operativa o encargos particulares cuyos montos fueron íntegramente reintegrados en efectivo por el matrimonio.
Al constatar que la defensa admitió la tenencia de ahorros en efectivo y activos virtuales no declarados de forma oportuna ante los entes recaudadores, el fiscal Pollicita advirtió que la omisión sistemática de bienes, la recurrencia a operaciones al contado y la exteriorización tardía exceden la mera infracción administrativa, configurando maniobras atribuibles al delito de evasión tributaria.
Por este motivo, el dictamen instó a remitir testimonios a Penal Económico para determinar las obligaciones omitidas ejercicio por ejercicio, al tiempo que solicitó investigar a los desarrolladores Leandro Miano y Pablo Feijoo, al contratista Matías Tabar y elevar actuaciones al Colegio Público de Escribanos porteño respecto del desempeño funcional de la escribana Adriana Mónica Nechevenko.
