Un grupo integrado por 15 estados y territorios de los Estados Unidos formalizó una presentación ante la Corte Suprema de ese país en respaldo a los fondos demandantes por la expropiación de YPF, con el propósito de revertir la resolución judicial que dejó sin efecto la condena por 16.100 millones de dólares impuesta originalmente contra la República Argentina. La iniciativa, ingresada el pasado viernes 30 de octubre bajo el formato procesal de amicus curiae, estuvo liderada por el estado de Missouri y reunió a fiscales generales que solicitaron al máximo tribunal estadounidense admitir y revocar el fallo dictado en favor del Estado nacional.

El núcleo del planteo objeta la sentencia dictada el 27 de marzo de este año por el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, instancia que anuló la penalidad económica dictada en septiembre de 2023 por la jueza de primera instancia Loretta Preska. Según los fiscales firmantes, el tribunal interpretó de forma errónea la Ley de Inmunidad Soberana de Estados Unidos (FSIA) y advirtieron sobre el riesgo de fijar un precedente que permita a gobiernos foráneos resguardarse en sus legislaciones domésticas para sortear demandas por actividades comerciales con efectos directos en territorio norteamericano, citando como antecedente sus propios reclamos contra China por insumos sanitarios durante la pandemia.

El alcance jurídico de la presentación fue relativizado por el exsubprocurador del Tesoro Sebastián Soler, quien remarcó la filiación republicana de la totalidad de los fiscales generales intervinientes —con la única excepción de las Islas Marianas como territorio independiente—, factor que consideró que vuelve menos persuasivo el documento. Asimismo, el especialista calificó de falsa la premisa de los estados al sostener que la Cámara de Apelaciones sí ejerció plenamente su jurisdicción pero falló aplicando el derecho societario y la ley general de expropiaciones de la Argentina, normativa consensuada por todas las partes para dirimir presuntos incumplimientos del estatuto social.

De acuerdo con ese análisis técnico, la anulación de la condena millonaria no obedeció a una declinación de competencia de los jueces estadounidenses, sino al estudio de fondo de los reclamos contractuales, donde se determinó que la legislación aplicable no otorgaba a los accionistas minoritarios el derecho a percibir la indemnización económica exigida tras la expropiación del 51% del paquete accionario de la petrolera ejecutada en 2012.

Plazos procesales y la definición de la Corte Suprema

La controversia radicada en Washington involucra a las firmas Petersen Energía y Eton Park, cuyos litigios cuentan con el financiamiento de Burford Capital, orientadas a restaurar la condena por la omisión de una oferta pública de adquisición. Pese a la incorporación del escrito de los estados, la Corte Suprema de Estados Unidos aún no resolvió si aceptará tratar el expediente, manteniéndose plenamente vigente la resolución judicial que favoreció a la posición argentina.

El calendario procesal marca que el próximo 2 de diciembre vencerá la prórroga concedida por el máximo tribunal para que los abogados defensores del Estado argentino y de YPF ingresen sus respectivas contestaciones. A partir de esa instancia, la Corte evaluará la admisión del caso —etapa que podría incluir un pronunciamiento del procurador general estadounidense, John Sauer— para determinar si abre la revisión o si desestima definitivamente los recursos, consolidando el fallo que canceló la indemnización exigida al país.