· Domingo1 de febrero de 2026 · · 31°C
· Domingo1 de febrero de 2026 · · 31°C
Los Registros de la Propiedad fijaron nuevas pautas para operaciones que superen los 700 salarios mínimos y estructuras societarias, obligando a declarar la condición de personas expuestas políticamente y a los beneficiarios reales.
Con el objetivo de reforzar los mecanismos de prevención contra el lavado de activos, las direcciones de Registros Públicos y Archivo Judicial de las cuatro circunscripciones de Mendoza establecieron un nuevo esquema de fiscalización sobre las transacciones de bienes raíces. La medida, formalizada a través de la Disposición Técnico Registral Conjunta 7/2026 publicada este miércoles en el Boletín Oficial, adecua los procedimientos locales a las directivas de la Resolución 93/2026 de la Unidad de Información Financiera (UIF) e introduce mayores exigencias de identificación para quienes participen en operaciones de envergadura económica.
El núcleo de la normativa fija el foco en aquellas compraventas inmobiliarias que superen el equivalente a 700 salarios mínimos, vitales y móviles, parámetro que también rige para las compras de vivienda única gestionadas mediante la banca pública oficial. En todos los actos alcanzados será obligatorio dejar constancia de si los intervinientes revisten el estatus de Personas Expuestas Políticamente (PEP), condición reservada a funcionarios y exfuncionarios públicos según la reglamentación nacional.
En paralelo, la reglamentación impone la obligación de presentar una declaración jurada de beneficiarios finales siempre que la parte adquirente sea una persona jurídica o una figura patrimonial compleja. Mediante esta planilla, canalizada a través de los escribanos actuantes, se deberá individualizar con precisión a las personas humanas que ejercen el control o la titularidad real de la entidad, detallando nombres, identificación, domicilio, nacionalidad, actividad económica, porcentaje de participación y su eventual condición de PEP.
El nuevo marco regulatorio trasciende la compraventa tradicional y comprende un amplio abanico de movimientos societarios y fiduciarios. Quedan alcanzadas las operaciones de aportes de inmuebles a capital social, aumentos, reducciones, escisiones, transformaciones, fusiones y procesos de liquidación, así como las transferencias de dominio fiduciario, prórrogas y sustituciones en el marco de fideicomisos inmobiliarios.
En el plano operativo, la disposición deroga el empadronamiento anual fijo de octubre que regía desde 2014 y lo reemplaza por una verificación caso por caso al momento de ingresar los documentos para su inscripción registral. No obstante, los registros provinciales no realizarán revisiones de fondo —facultad reservada al notariado—, limitándose a constatar que se adjunten los formularios pertinentes y constancias de PEP. Si bien la omisión de la declaración de beneficiarios no frenará de manera automática el trámite registral, el organismo deberá girar la actuación de forma inmediata al Oficial de Cumplimiento para la intervención correspondiente.
El régimen, que reemplaza tres normativas dictadas entre 2014 y 2023, ya se encuentra plenamente operativo para todos los instrumentos autorizados a partir del 8 de noviembre de 2026, configurando un sistema de mitigación basado en el riesgo efectivo de las transacciones.
