La Cámara de Diputados de Mendoza tratará este miércoles en el recinto la exclusión definitiva de Janina Ortiz, luego de que la comisión de Derechos y Garantías aprobara este lunes por unanimidad el dictamen que propone apartarla del cuerpo legislativo tras su condena penal en la causa conocida como Cooperativa Fantasma. El despacho que será incorporado formalmente a la sesión de tablas fundamenta la medida en la pérdida de las condiciones de idoneidad y elegibilidad para ejercer la función pública, apoyándose en los artículos 65 y 91 de la Constitución provincial y en el fallo emitido por los tribunales locales.

La sentencia judicial contra la legisladora se resolvió a través de un juicio abreviado donde se le impuso una pena de tres años de prisión de ejecución condicional y la inhabilitación absoluta perpetua para ocupar cargos públicos, al hallarla penalmente responsable de cuatro hechos de peculado en concurso real, uso de documento público falso y coacciones. El dictamen legislativo establece además la vacancia de la banca y la notificación a la Junta Electoral para que proceda según el orden de la lista partidaria, paso previo para que María Belén Castillo se incorpore formalmente al cuerpo y preste el juramento correspondiente.

Rechazo al reclamo por las dietas retenidas

Durante la misma reunión, los integrantes de la comisión desestimaron por improcedente la pretensión formulada por Ortiz para percibir las dietas devengadas durante el lapso en que permaneció suspendida de sus funciones parlamentarias. Para respaldar esta decisión, los legisladores ratificaron los alcances de la resolución 1135/24, mediante la cual la Cámara baja había dispuesto oportunamente la suspensión preventiva y el consecuente cese en la liquidación de sus haberes mensuales.

A pesar de haber sido formalmente convocada para ejercer su derecho de defensa ante el cuerpo de trabajo legislativo, Ortiz informó a través de su abogado patrocinante que no comparecería de manera presencial ni prestaría declaración oral. En dicho escrito, la exfuncionaria remarcó que su ausencia no representaba un desistimiento a sus recursos judiciales y ratificó el reclamo por los sueldos y dietas que calificó de retenidos en forma indebida.

Fundamentos del reclamo y postura institucional

La defensa de Ortiz sostuvo que la medida de apartamiento previo resultó inconstitucional por haberse dictado antes de la existencia de una sentencia judicial firme, reclamando las sumas acumuladas desde el inicio de la suspensión hasta el cierre definitivo del proceso penal, acontecido el pasado 20 de octubre. Frente a esta posición, la comisión concluyó que la interrupción del cobro se ajustó a las atribuciones normativas e institucionales con las que cuenta la propia Cámara.

Al respecto, el titular de la comisión de Derechos y Garantías, Julio Villafañe (PJ), remarcó que la eventual discusión económica deberá canalizarse por los carriles de la Justicia, al tiempo que expresó: “Cualquier ciudadano o ciudadana de este país y de la provincia de Mendoza, que tiene una relación laboral, un trabajo, y es suspendido en sus funciones, no cobra un salario”. De este modo, tras la aprobación unánime del despacho en comisión, el pleno de la Cámara de Diputados votará este miércoles la expulsión definitiva de la banca legislativa.