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Alumnos secundarios intentaron sitiar establecimientos en reclamo de infraestructura y cambios en el ingreso universitario. El Ministerio de Educación cifró los bloqueos en el 1% y los jóvenes rechazaron la propuesta de inversión de 4.000 millones de euros.
Tras la finalización de un receso escolar de dos semanas, las protestas estudiantiles en Francia se reanudaron este lunes con bloqueos e intentos de toma en colegios secundarios de París, Marsella y Rennes, aunque con una convocatoria sensiblemente menor a la registrada en las semanas previas. De acuerdo con el reporte oficial difundido por el Ministerio de Educación francés, unos 41 establecimientos educativos —equivalentes a cerca del 1% del total nacional— amanecieron bloqueados por grupos de alumnos que impidieron el ingreso a las aulas en el marco del reinicio del ciclo lectivo.
La reactivación de las medidas de fuerza marca la continuidad de un conflicto que comenzó en septiembre en los suburbios parisinos y rápidamente se extendió por todo el territorio galo. El malestar juvenil, que en jornadas anteriores derivó en violentos choques con las fuerzas de seguridad, disturbios y saqueos a comercios en varias ciudades, se ensambló con las demandas de sindicatos y organizaciones sociales por el alza del costo de vida, configurando un frente de presión política complejo para la administración del presidente Emmanuel Macron en un contexto de debilidad parlamentaria.
Frente al retorno de las protestas, el ministro de Educación galo, Edouard Geffray, buscó minimizar el impacto de las acciones callejeras en declaraciones radiales a la emisora France Inter. “En términos de bloqueos, o más bien de intentos de bloqueo, el fenómeno es muy marginal; estamos hablando de un puñado de unidades y casos individuales”, remarcó el funcionario, advirtiendo además que si bien la manifestación pacífica está garantizada, impedir el libre acceso a los establecimientos públicos constituye una práctica ilegal.
El fenómeno se inscribe dentro de una ola de protestas protagonizada por la denominada Generación Z en diversos países europeos como Alemania, Italia, Bélgica y Albania, impulsada por reclamos comunes en torno a la precariedad de la infraestructura escolar, la pérdida del poder adquisitivo juvenil y cuestionamientos a la clase política tradicional.
El pliego de demandas elevado por los centros de estudiantes exige la urgente refacción y modernización de edificios escolares deteriorados, la designación de mayor cantidad de docentes, la ampliación de cupos universitarios y la derogación definitiva del actual sistema de admisión a la educación superior, al cual califican como un mecanismo socialmente injusto y excluyente.
Como respuesta al conflicto, la cartera educativa ofreció la semana pasada un paquete de medidas que incluye fijar un tope de 28 alumnos por división, un desembolso de 4.000 millones de euros para obras edilicias, la apertura de 15.000 plazas en la universidad y un nuevo régimen de ingreso para 2028. No obstante, los delegados de las federaciones estudiantiles consideraron que los compromisos resultan insuficientes para resolver la crisis de fondo y ratificaron que continuarán con el plan de lucha en las calles.
