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Al ingresar a Comodoro Py para el inicio del juicio por lavado de dinero, el excontador de la familia Kirchner manifestó un profundo arrepentimiento, afirmó que está dispuesto a acatar el fallo judicial y sostuvo que no tiene miedo.
En la antesala de la primera audiencia del juicio oral y público por las causas unificadas Hotesur y Los Sauces, el excontador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares, brindó un testimonio de fuerte impacto procesal y personal al llegar a los tribunales de Comodoro Py. Frente a los medios apostados en el acceso al edificio judicial, el profesional imputado afirmó que se presentó para ponerse a derecho y acatar las consecuencias de su accionar en los esquemas investigados: “Vengo a recibir mi sentencia en el momento que corresponda. Yo necesito cerrar este capítulo de mi vida”.
Visiblemente conmovido, Manzanares aseguró encontrarse preparado para transitar el debate ante el Tribunal Oral Federal 5, integrado por los magistrados José Antonio Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni. Al reflexionar sobre su rol técnico en las empresas investigadas, reconoció un “arrepentimiento profundo” y ponderó el avance de las pesquisas: “Siempre me pregunto qué hubiera pasado si no hubieran existido las denuncias, el descubrimiento de los hechos. Por suerte ocurrió. Puedo sanar, que es lo que más me importa”.
El juicio unificado aborda las maniobras por las cuales sociedades hoteleras e inmobiliarias habrían sido utilizadas como fachada para el lavado de activos y el ingreso de fondos de origen ilícito al patrimonio familiar. En el expediente de Los Sauces, la expresidenta Cristina Kirchner está procesada como supuesta jefa de una asociación ilícita y por blanqueo de capitales, mientras que a su hijo Máximo Kirchner se le imputa el rol de organizador; en tanto, por Hotesur se juzga principalmente el circuito de legitimación de activos.
Entre los ejes centrales de la pesquisa sobresalen las contrataciones de la firma Valle Mitre, controlada por el empresario Lázaro Báez, que desembolsó más de $28 millones entre 2008 y 2015 para el alquiler de habitaciones en los hoteles Alto Calafate y Las Dunas, contrataciones que los acusadores sostienen que carecían de contraprestación real. El banquillo de los acusados reúne además a Martín Báez y a los directivos del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián De Sousa, con Florencia Kirchner fuera del debate tras ser sobreseída de manera firme.
La tramitación conjunta de ambos expedientes en la histórica Sala AMIA quedó ratificada luego de que la Cámara Federal de Casación Penal hiciera lugar a los planteos de la fiscalía y de la Unidad de Información Financiera (UIF) que desestimaron la división del debate. Para agilizar la apertura formal del juicio, el tribunal autorizó que los acusados presencien la lectura de los requerimientos fiscales vía remota, estableciendo la presencialidad obligatoria para las audiencias testimoniales posteriores.
