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La fiscal Mónica Cuñarro ordenó las primeras medidas de prueba y convocó a 24 denunciantes que aseguran haber invertido miles de dólares en las películas del escritor sin recibir los rendimientos prometidos
La denuncia penal impulsada por un grupo de aportantes contra el escritor Hernán Casciari y su productora Orsai Audiovisuales comenzó a sumar sus primeros requerimientos formales en los tribunales de instrucción. Tras la delegación de la causa por parte del Juzgado N° 34, a cargo de la magistrada Laura Bruniard, la fiscal Mónica Cuñarro dispuso una batería de medidas preliminares orientadas a determinar si los hechos denunciados configuran un delito de orden penal o si se circunscriben al terreno de un conflicto societario y civil.
Entre los primeros pasos procesales, el Ministerio Público Fiscal libró un oficio a la Inspección General de Justicia (IGJ) para que remita el legajo completo de la compañía, con el propósito de corroborar su constitución legal, el esquema de autoridades y la composición de su directorio. En simultáneo, la fiscalía fijó un cronograma de testimoniales para 24 presuntas víctimas patrocinadas por el abogado Marcelo Ariel Gil Ces, quienes prestarán declaración entre el 26 de octubre y el 17 de noviembre.
La presentación judicial sostiene que cientos de personas ingresaron como socias productoras atraídas por convocatorias públicas en ciclos radiales como Perros de la Calle, donde el creador promovía la compra de cuotas de participación con promesas de rendimientos económicos garantizados. De acuerdo con los testimonios incorporados al expediente, varios damnificados desembolsaron miles de dólares en los proyectos cinematográficos pero luego percibieron retornos marginales o ínfimos.
El escrito acusatorio describe irregularidades en el manejo de más de 23.000 participaciones, puntualizando la falta de presupuestos desagregados por área, rendiciones de cuentas incompletas, cambios arbitrarios en los costos previstos y una notable opacidad en el acceso a la información económica cotidiana de los rodajes. En paralelo a este escenario judicial, la plataforma digital de la firma desactivó su botón de financiamiento colectivo.
El nudo central que deberá esclarecer la investigación encabezada por Cuñarro radica en la delimitación precisa del objeto procesal. La fiscalía evalúa si los hechos denunciados encuadran en la figura de estafa —hipótesis sostenida por la querella—, si existió una administración fraudulenta, o si el caso corresponde a un incumplimiento de contrato derivado de un negocio comercial adverso bajo un formato de coadministración con los inversores.
Hasta el momento, las medidas de prueba no contemplan la citación de actores, actrices ni comunicadores que participaron en las producciones o en la difusión de las campañas audiovisuales del sello, limitándose el expediente a la documentación contable y las testimoniales de los denunciantes.
