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Un tribunal de Nuevo México fijó una indemnización sin precedentes tras atribuirle 43 millones de infracciones a las leyes de consumo. Especialistas anticipan que la matriz de Facebook cuestionará el cálculo por multas excesivas y falta de pruebas de daño real.
La compañía tecnológica Meta Platforms cuenta con sólidos argumentos jurídicos para lograr una drástica reducción en la histórica condena de 25.000 millones de dólares dictada en su contra por la justicia de Nuevo México, según coincidieron especialistas legales tras conocerse el veredicto. La resolución judicial se convirtió en una de las mayores penalidades impuestas contra una corporación en la historia de los Estados Unidos, derivando de un litigio iniciado por presunta manipulación de información privada a partir de las revelaciones sobre la consultora política Cambridge Analytica durante la campaña electoral de 2016.
La sentencia de primera instancia, firmada por el magistrado Francis Mathew, convalidó las deliberaciones de un jurado popular que determinó que la firma engañó de manera sistemática a los consumidores respecto al acceso que terceros tenían sobre sus perfiles, el control del discurso de odio y la desinformación en Facebook. Los jurados declararon que 26 de las 29 declaraciones públicas y corporativas efectuadas por la empresa resultaron engañosas, y al multiplicar cada mensaje por la audiencia potencial estimada en el distrito, cuantificaron más de 43 millones de infracciones individuales a la ley de protección al consumidor, habilitando teóricamente un reclamo que superaba los 219.000 millones de dólares.
Frente al monto establecido, el director legal corporativo de Meta, C.J. Mahoney, confirmó que la multinacional recurrirá tanto el veredicto central de culpabilidad como la magnitud del resarcimiento monetario. La compañía sostiene que no comercializa datos personales de usuarios y argumenta que la fiscalía estadual jamás logró acreditar que algún habitante específico haya sufrido perjuicios concretos o tomado decisiones basadas en dichas declaraciones, por lo que una sanción de esta escala viola las garantías constitucionales del debido proceso y la cláusula de enmienda que prohíbe las multas excesivas y desproporcionadas.
Académicos del derecho advierten que el cómputo utilizado por el tribunal de Nuevo México adolece de duplicaciones arbitrarias. Para juristas de prestigiosas casas de estudio como la Universidad de Villanova y la Universidad de Santa Clara, el tribunal contabilizó presunciones abstractas de exposición a la información sin corroborar si los 1,4 millones de usuarios registrados en el estado realmente vieron los contenidos o padecieron un quebranto patrimonial, factor que debilita el sostén técnico de la cifra ante cortes de alzada.
Por su parte, el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, quien encabezó la demanda promovida en 2021 solicitando inicialmente una reparación de hasta 40.000 millones de dólares, remarcó que el estado se encuentra plenamente preparado para defender la legalidad de la sentencia en las instancias superiores amparándose en la normativa local, la cual faculta sanciones punitivas de hasta 5.000 dólares por cada infracción deliberada comprobada.
El litigio se encamina a un extenso periplo en los tribunales de alzada estaduales y no se descarta que la controversia termine en los estrados de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Analistas del sector tecnológico prevén que, más allá de la confirmación de responsabilidades sobre la gestión de la privacidad digital, el importe final terminará recortándose a niveles sustancialmente más bajos y próximos a las previsiones corporativas iniciales.
