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A días de las legislativas del 25 de octubre, activistas, periodistas y dirigentes acusan al oficialismo de desplegar violencia sistemática y ataques digitales para acallar críticas, mientras los sondeos reflejan una ajustada paridad política.
En la antesala de los comicios parlamentarios anticipados fijados para el próximo 25 de octubre, un clima de persecución, violencia policial y ciberespionaje ensombrece el panorama político en Serbia. El expresidente Aleksandar Vucic, quien renunció a la jefatura de Estado para postularse como primer ministro y prolongar su hegemonía de 12 años en el poder al frente del Partido Progresista Serbio (SNS), enfrenta una oleada de denuncias por parte de activistas, estudiantes y dirigentes opositores que alertan sobre una deriva autoritaria orientada a silenciar las críticas en las calles y en las plataformas digitales.
Casos como el del activista Marko Marjanovic reflejan la gravedad del escenario represivo tras haber sido secuestrado por agentes encapuchados en Belgrado y recluido en un calabozo durante 48 horas bajo aislamiento e iluminación constante. Días antes, el propio manifestante había sido golpeado por efectivos antidisturbios en protestas masivas, sumándose a registros periciales como el del caso del arquitecto Dusan Radovic, quien sufrió politraumatismos y fracturas en la localidad de Valjevo a manos de una decena de uniformados, en episodios descriptos por médicos forenses independientes como un patrón sistemático y organizado de brutalidad punitiva.
La intimidación hacia la disidencia trasciende la coerción física y se proyecta al ámbito tecnológico. Organizaciones de derechos digitales como la Fundación SHARE denunciaron que al menos catorce referentes contrarios al régimen fueron blanco de programas avanzados de vigilancia electrónica. Entre las víctimas se encuentra la militante Jelena Kontic, quien constató a través de peritajes técnicos certificados por el laboratorio canadiense Citizen Lab la intrusión clandestina en su teléfono del software espía Pegasus, desarrollado por la firma israelí NSO Group para comercialización exclusiva a agencias gubernamentales.
El deterioro institucional ubica a Serbia en su peor momento en décadas. De acuerdo con el índice elaborado por Reporteros Sin Fronteras (RSF), el país retrocedió al puesto 104 sobre 180 naciones en materia de libertad de prensa —la peor calificación de toda la región balcánica y comunitaria—, contabilizando seis periodistas exiliados por hostigamiento y al menos 182 agresiones verbales directas pronunciadas por Vucic contra trabajadores de medios de comunicación en lo que va del año, mientras Transparencia Internacional reportó la puntuación más baja en dos décadas dentro del indicador de percepción de corrupción.
El oficialismo enfrenta su mayor desafío electoral a partir del surgimiento de un masivo movimiento de resistencia cívica encabezado por agrupaciones universitarias. La articulación opositora, nacida tras la tragedia del colapso del techo en la estación ferroviaria de Novi Sad que causó 16 muertes en 2024, logró unificar al espacio prodemocrático y presenta una lista propia de 250 candidatos al Parlamento, posicionándose en una virtual paridad en intención de voto frente al aparato gubernamental.
Mientras los organismos de seguridad y los despachos oficiales desestiman los señalamientos catalogándolos como maniobras sensacionalistas sin sustento, referentes de los derechos humanos y dirigentes de la sociedad civil sostienen que el aumento de la represión callejera y el cerco mediático responden al nerviosismo de la cúpula gobernante ante la perspectiva real de perder la mayoría parlamentaria en la trascendental cita electoral del domingo.
