· Domingo1 de febrero de 2026 · · 16°C
· Domingo1 de febrero de 2026 · · 16°C
La jueza Marina Martín deberá homologar el próximo 20 de octubre en el Polo Judicial el acuerdo que prevé tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, en el marco de la investigación por la causa "cooperativas fantasama".
La megacausa judicial que investiga hechos de corrupción durante la anterior administración municipal en Las Heras tendrá una instancia definitoria el próximo martes 20 de octubre a las 14:00. El exintendente Daniel Orozco y su esposa, la exdiputada provincial Janina Ortiz, comparecerán en la Sala 18 del Polo Judicial Penal de Mendoza para una audiencia de juicio abreviado, donde el tribunal presidido por la jueza Marina Martín evaluará la homologación del acuerdo consensuado entre las defensas y el fiscal de Delitos Económicos, Juan Tichelli.
De convalidarse judicialmente el pacto, los principales acusados evitarán someterse a un debate oral y público y aceptarán una condena de tres años de prisión en suspenso más la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de peculado doloso. Asimismo, el convenio alcanzado tendrá repercusiones procesales directas sobre la otra causa que pesa contra Janina Ortiz por presuntas amenazas coactivas, en la que se le imputa haber coaccionado a una empleada comunal para que mantuviera relaciones sexuales con un funcionario con fines de extorsión.
La pesquisa instruida por el Ministerio Público Fiscal se centra en el direccionamiento irregular de $35.511.386,14 que la comuna lasherina transfirió entre 2021 y 2023 a la cooperativa de trabajo “Manos a la Obra”. Según la hipótesis acusatoria, dichos fondos —que al momento de los hechos representaban cerca de 200.000 dólares— fueron abonados formalmente mediante dos licitaciones y dos contrataciones directas para supuestas tareas de limpieza urbana y mantenimiento de espacios públicos que nunca se ejecutaron en los términos contratados.
Los peritajes técnicos detectaron irregularidades severas en las certificaciones de obra presentadas para autorizar las liquidaciones presupuestarias, incluyendo nóminas con trabajadores inexistentes, firmas apócrifas y personal que desconocía pertenecer a la entidad cooperativa. El expediente, que se inició a mediados de 2024, culminó su fase preliminar el pasado 22 de septiembre con la formalización del auto de elevación a juicio tras rechazarse sucesivos recursos defensivos.
A diferencia del matrimonio Orozco-Ortiz, otros cinco procesados en el mismo sumario no adhirieron al mecanismo de juicio abreviado y continúan camino al banquillo en un eventual debate oral, arriesgando penas efectivas de prisión según sus distintos grados de participación funcional en el entramado.
En esa nómina se encuentran el exsubsecretario de Políticas Sociales comunal, Osvaldo Oyhenart; su yerno y empleado municipal, Juan Pablo Pandolfi; el exconcejal Matías Mostaccio; el contador municipal Daniel Herrera; y Adrián “Moco” Pérez, trabajador contratado que figuraba formalmente como presidente de la cooperativa utilizada en la maniobra. La audiencia fijada para el 20 de octubre marcará así un hito central en el tablero político e institucional mendocino al cerrar parcialmente la investigación sobre la cúpula ejecutiva municipal.
