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El proyecto redefine los criterios de internación involuntaria ante riesgos graves y formaliza el abordaje específico de los consumos problemáticos.
El oficialismo intensificó las negociaciones parlamentarias en el Senado de la Nación con el propósito de acelerar el tratamiento de la reforma integral a la Ley Nacional de Salud Mental (Ley 26.657). La jefa de la bancada de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, encabezará este miércoles una conferencia de prensa junto a las presidentas de las comisiones de Salud, Ivanna Arrascaeta, y de Legislación General, Nadia Márquez, para formalizar los consensos técnicos alcanzados y perfilar la firma de un dictamen de mayoría con miras a someter la iniciativa a votación en el recinto durante la última semana de octubre.
El núcleo de la propuesta radica en flexibilizar los requisitos vigentes para ordenar internaciones involuntarias. La redacción impulsada sustituye la exigencia restrictiva de “riesgo cierto e inminente” por la figura de riesgo grave para la vida o la integridad física del propio paciente o de terceros. A su vez, para disponer una medida de aislamiento terapéutico contra la voluntad de la persona se requerirá de manera excluyente el dictamen vinculante y la firma conjunta de dos profesionales del establecimiento asistencial interviniente, debiendo ser uno de ellos médico con preferencia en la especialidad de psiquiatría.
La reforma proyecta incorporar de manera explícita el tratamiento de las adicciones dentro del régimen de salud mental, eliminando vacíos interpretativos que obstaculizaban intervenciones en cuadros de intoxicación aguda. Asimismo, el texto reconoce la validez legal de las voluntades anticipadas para aceptar o rechazar tratamientos y flexibiliza la conformación de los equipos interdisciplinarios, adaptando los perfiles profesionales a los recursos humanos reales de cada jurisdicción y autorizando el uso de la telemedicina para asegurar cobertura en zonas remotas.
En lo relativo a las altas médicas, el proyecto estipula que las instituciones sanitarias deberán notificar a los familiares con una antelación razonable para organizar el egreso hospitalario. Para evitar recaídas, se fijará un esquema de acompañamiento ambulatorio de hasta seis meses con auditorías judiciales obligatorias cada 30 días, obligando al Estado a proporcionar dispositivos comunitarios y redes de contención social cuando el paciente carezca de un entorno afectivo directo. Además, se asimilan las pautas penitenciarias de las Reglas Nelson Mandela y se crean dispositivos sanitarios exclusivos para niños, niñas y adolescentes con adicciones, resguardando el principio de no criminalización.
La articulación legislativa es el resultado de sucesivas mesas de trabajo desarrolladas desde mayo pasado en el Congreso, donde se escucharon las exposiciones de más de 70 especialistas, magistrados, asociaciones gremiales y familiares de pacientes. Las conversaciones se profundizaron en agosto con una serie de reuniones encabezadas por Bullrich, Arrascaeta y el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, junto a las máximas autoridades sanitarias de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires.
Desde el bloque oficialista recalcaron que la meta central es dotar a los equipos médicos y al sistema judicial de instrumentos ágiles frente a situaciones críticas sin vulnerar garantías esenciales. Aunque los cambios normativos aún deben sortear el debate en el plenario de comisiones y cosechar las mayorías reglamentarias en el recinto, los acuerdos alcanzados con las bancadas provinciales consolidan la expectativa del Gobierno de sancionar la ley antes de la finalización del período ordinario.
