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Mendoza
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Luego de que la Legislatura provincial lo autorizara a endeudarse por 130 millones de dólares para realizar la obra de Aysam, el Ejecutivo puso en marcha el operativo para dar con parte del crédito
El expediente abarca además la búsqueda de financiamiento para la obra de ampliación del Metrotranvía y la emisión de títulos por hasta $5.218.752.600 para refinanciar la deuda en pesos que se tomó en diciembre de 2021 y a mediados del año pasado, cuyos vencimientos operan en junio del 2023.
En lo que refiere a la ejecución de obras hídricas en particular, la autorización de Suarez es solo para buscar un préstamo de $4.000 millones (equivalentes a 20 millones de dólares) previstos para comenzar una parte del plan completo: la que figura en el inciso a del artículo 42 de la Ley de Presupuesto, es decir, para la ejecución del Plan Director para la Optimización y Expansión de la provisión de agua potable y saneamiento en el Gran Mendoza y vertientes del Pedemonte a ejecutar por Aysam.
Cuando los legisladores autorizaron al oficialismo a endeudarse para poder financiar la obra del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de la Provincia de Mendoza, lo que se dispuso fue que el Gobierno pudiera buscar créditos por la suma de 130.000.000 de dólares o su equivalente en otras monedas para la ejecución del Plan Director para la Optimización y Expansión de la provisión de agua potable y saneamiento en el Gran Mendoza y vertientes del Pedemonte a ejecutar por Aysam.
También se facultó al Ejecutivo en ese momento, mediante el inciso b, a hacer uso del crédito en los términos de los artículos 60 y 66 de la ley N° 8.706 por hasta una suma de 20.000.000 de dólares a destinar a la obra de mejora operativa para riego irrestricto – Planta Depuradora Campo Espejo y obras de revestimiento Canal Principal.
En tanto que en el inciso c, se pactó que se pudiera endeudar por otros 70.275.000 de dólares, para obras de saneamiento de operadores municipales de los departamentos de Maipú y Lujan de Cuyo.
Los fondos que se logren en su momento deberán ser resguardados en un fideicomiso y se deberá informar a la Legislatura cada seis meses de los avances de las obras.
