Se trata de la fijación de un salario básico de referencia para todo el país que se definía en una paritaria nacional que comenzó en 2008, después de la promulgación de la Ley N° 26.075 de Financiamiento Educativo en 2006, y se discontinuó en 2018 por decisión del Gobierno.

A través del decreto de 2018, la gestión de Mauricio Macri modificó un decreto anterior, el 457/2007 firmado por Néstor Kirchner, que reglamentaba esta ley e incluía la cuestión salarial en esas negociaciones de forma explícita en su artículo sexto.

Antes de suprimir la paritaria, el actual Gobierno fijó el piso salarial docente en todo el país de forma automática, estableciendo que el sueldo de un maestro sería como mínimo un 20% mayor al salario mínimo, vital y móvil vigente.

Ahora, la CTERA salió a pedirle al presidente electo Alberto Fernández que el futuro ministro de Educación (del cual aún no se conoce el nombre) tenga en su agenda prioritaria esta cuestión.

Sonia Alesso, secretaria general, y Roberto Baradel, secretario adjunto, publicaron una carta en la que realizan señalamientos acerca de por qué debería reinstaurarse la paritaria. En ella se quejan por el trato que le ha dado parte de la prensa al tema y descartan que esta negociación colectiva nacional vaya a complicar a los gobiernos provinciales.

 Alesso y Baradel aseguran que entre las principales garantías, con el funcionamiento de la Paritaria Nacional desde el año 2007 al 2015 se había conseguido disminuir las diferencias salariales entre las provincias, garantizar que ningún docente perciba un salario inferior al mínimo nacional, avanzar en el mejoramiento de las condiciones de trabajo, en la formación docente gratuita y en ejercicio, en la reducción de la conflictividad, entre otras cosas.

Y señalaron que desde que se clausuró la paritaria nacional hubo una caída abrupta en los niveles de inversión educativa. Por primera vez desde el 2010, la inversión educativa estará por debajo del 6% del PBI que exige la Ley 26.075. Este año bajará al 5,2%.

Los casi cuatro años de la gestión Cambiemos han significado la disminución de la participación del Presupuesto Educativo en el Presupuesto Nacional y en relación al PBI. El cierre de programas, el ajuste presupuestario, la subejecución de partidas y el fuerte proceso inflacionario son los ejes que explican la caída de la inversión "nacional" en Educación y Cultura del 1,66% (2015) al 1,35% (2018), según los referentes de CTERA.

Asimismo, señalaron que hubo "desfinanciamiento del Fondo Nacional de Incentivo. El aporte que hace el Estado nacional al salario de todos los docentes de todas las provincias se mantiene congelado desde Julio de 2016 en 1.210 pesos por cargo.

También, siempre según Alesso y Baradel, se ha disminuido el Fondo de Compensaciones Salariales para que las provincias puedan estar en condiciones de responder a la demanda de actualización de los salarios mínimos. Esto generó una disparada de la conflictividad.

"Frente a esto, desde CTERA volvemos a sostener la importancia de recuperar para la docencia la instancia de la Paritaria Nacional que había sido clausurada de manera ilegal y unilateral por este Gobierno que culmina con su mandato el próximo 10 de diciembre", dijeron.