La Comisión Europa (CE) anunció su intención de coordinar la distribución de los refugiados del barco de la ONG española Open Arms que desembarcaron en la isla italiana de Lampedura tras una espera de casi 20 días frente a sus costas.

"Estamos dispuestas a coordinar la reubicación de los migrantes y prestar apoyo operacional a las autoridades italianas", dijo la portavoz del organismo, Natasha Bertaud, en una comparecencia ante la prensa.

La funcionaria recordó que Alemania, España, Francia, Luxemburgo y Portugal expresaron antes su propósito de acoger a una parte de los refugiados.

El barco atracó finalmente esta madrugada en Lampedusa después de que el fiscal Luigi Patronaggio decretase el desembarco inmediato de los migrantes que viajaban a bordo después de ser rescatados, y la incautación preventiva del navío.

Los dos países europeos más cercanos a las zonas de rescate —y por tanto a los que les correspondería la responsabilidad de atender a los rescatados— eran Italia y Malta, que actualmente tienen una política de tolerancia cero hacia las ONG dedicadas a rescatar inmigrantes en el mar.

Los migrantes a bordo del Open Arms fueron rescatados en tres operaciones de salvamento distintas durante las últimas semanas: una a pocas millas náuticas de Libia el 1 de agosto y las otras dos —realizadas el 2 y el 10 de agosto— cerca de la zona maltesa de búsqueda y salvamento, que además se encuentra a poca distancia de Lampedusa.

"El número de migrantes a bordo llegó a ser de 160, pero esta madrugada solo desembarcaron 83, dado que la cifra se redujo en los últimos días después de que decenas de ellos fuesen evacuados por necesitar atención médica o psicológica urgente y varios fueron rescatados por los guardacostas italianos después de tirarse al mar para tratar de alcanzar tierra.

El fiscal Patronaggio investiga un presunto delito de secuestro ante la negativa del ministro italiano Matteo Salvini a permitir el desembarco de los migrantes en Lampedusa, por lo que la incautación del barco se produce en el marco de la investigación.

El fiscal decretó la orden de desembarco después de visitar el 20 de agosto por la tarde el buque y comprobar que "la situación era explosiva y de máxima urgencia".