La Casa Rosada quiere llevar el proyecto al recinto el 18 de noviembre, diez días antes de la resolución internacional sobre el yacimiento Sea Lion, y evalúa votarlo por capítulos para destrabar acuerdos.
Con la mira puesta en el 28 de noviembre, fecha tentativa en la que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar dará a conocer su resolución sobre la explotación petrolera en las Islas Malvinas, el Gobierno nacional busca acelerar en Diputados la aprobación de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. La intención de La Libertad Avanza es llevar el expediente al recinto este miércoles 18 para enviar una señal política antes del pronunciamiento de los jueces en Hamburgo y endurecer las sanciones contra las empresas vinculadas al proyecto Sea Lion, aunque la iniciativa requerirá luego la sanción definitiva del Senado.
El apuro oficial se conecta directamente con los expedientes administrativos que la Cancillería mantiene abiertos contra 60 personas humanas y jurídicas involucradas en actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina —45 iniciados en septiembre y otros 15 incorporados posteriormente—. El proyecto, impulsado desde el entorno de Santiago Caputo, propone reemplazar la vigente Ley 26.659 por un esquema más severo que amplíe el castigo a empresas, accionistas y proveedores, incorporando multas calculadas según el valor de barriles de petróleo, restricciones para contratar con el Estado y un régimen de desistimiento para quienes abandonen las operaciones cuestionadas.
Si bien la norma cuenta con dictamen de mayoría desde fines de octubre, el oficialismo todavía no logró destrabar las objeciones al Título VII, que introduce figuras penales contra campañas de injerencia extranjera y reforma el régimen de partidos políticos. Bloques dialoguistas como Provincias Unidas y Argentina Federal reclaman suprimir o desglosar ese capítulo al advertir que la amplitud de las conductas previstas podría afectar la libertad de expresión, reparos que no se disiparon pese a que el Ejecutivo incorporó exclusiones para el periodismo, la investigación académica y la representación abierta de intereses.
Dado que las modificaciones electorales exigen una mayoría especial de 129 votos afirmativos que hoy no está garantizada, en Balcarce 50 evalúan impulsar una votación por capítulos —habilitada por el Reglamento de la Cámara si lo acuerda Labor Parlamentaria o el pleno— para aislar los artículos resistidos y asegurar la sanción del régimen sancionatorio sobre Malvinas. Con esa maniobra esperan captar incluso respaldos de Unión por la Patria, bancada que comparte el objetivo de penalizar la exploración ilegal y tiene una iniciativa propia, aunque sus dirigentes aclaran que aún no hubo conversaciones formales ni convocatoria oficial para sesionar el miércoles, mientras el oficialismo aguarda la reunión de su mesa política del martes 17.
La ofensiva parlamentaria transcurre tras las audiencias celebradas el 10 y 11 de noviembre en Hamburgo, donde la Argentina solicitó medidas provisionales para frenar los trabajos en Sea Lion, un desarrollo liderado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte que prevé perforar en 2027 y producir en 2028. La defensa nacional argumentó que la extracción generaría daños irreparables sobre recursos no renovables antes de que actúe el arbitraje de fondo, mientras que el Reino Unido pidió desestimar el planteo cuestionando la urgencia y la jurisdicción preliminar.
En la Casa Rosada contemplan tres desenlaces posibles para el fallo del 28 de noviembre: el otorgamiento pleno de las medidas, una concesión parcial o el rechazo por falta de jurisdicción preliminar. No obstante, subrayan que esa instancia no define la cuestión de soberanía y aseguran que, aun frente a una negativa en Hamburgo, el reclamo proseguirá ante el tribunal de cinco árbitros constituido bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, sosteniendo en paralelo la presión diplomática y económica sobre las operadoras.