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Los bloques que buscan declarar nulo el DNU 70/2023 reúnen 122 presencias confirmadas y necesitan sumar siete voluntades para abrir el recinto; los legisladores que responden a los gobernadores de Salta, Tucumán, Santa Fe y Chubut tienen la llave para habilitar o trabar el debate.
La Cámara de Diputados se encamina a una jornada de alta tensión política en la que los bloques opositores libran una ajustada pulseada para reunir el quórum reglamentario de 129 legisladores y abrir la sesión especial convocada para este jueves a las 14:00. El objetivo central de la cumbre parlamentaria radica en declarar la nulidad del DNU 70/2023 firmado por el presidente Javier Milei, además de tratar proyectos sobre financiamiento en discapacidad y alivio al endeudamiento familiar.
En el poroteo previo, los sectores que impulsan el debate tienen aseguradas 122 voluntades: los 92 integrantes de Unión por la Patria encabezados por Germán Martínez, los 4 del Frente de Izquierda, 11 de Provincias Unidas (entre ellos radicales díscolos, cordobeses y los socialistas santafesinos Esteban Paulón y Pablo Farías), 4 de Argentina Federal, 3 de Elijo Catamarca que responden a Raúl Jalil, 2 de la Coalición Cívica, 2 de Encuentro Federal, 2 del peronismo puntano, Marcela Pagano (Coherencia) y Natalia de la Sota. En la vereda de enfrente, el oficialismo y aliados duros articulan un bloque de 120 bancas que no bajarán al recinto, integrado por los 95 de La Libertad Avanza, 12 del Pro referenciados en Cristian Ritondo, 6 de la UCR alineados con Pamela Verasay, el MID de Oscar Zago, Producción y Trabajo de San Juan, Adelante Buenos Aires, La Neuquinidad y Por Santa Cruz.
Ante la paridad matemática, el destino del debate quedó supeditado a las órdenes directas de un puñado de mandatarios provinciales que reciben llamados cruzados tanto de la oposición como de la Casa Rosada. En esa posición bisagra se encuentran los tres diputados salteños que responden a Gustavo Sáenz —molesto con la administración libertaria tras el avance en la privatización del Belgrano Cargas—, a quienes el misionero Alberto Arrúa buscó persuadir individualmente para garantizar su ingreso.
La misma expectativa rodea a los tres integrantes del bloque Independencia de Tucumán alineados con Osvaldo Jaldo, a la santafesina Gisela Scaglia bajo la órbita de Maximiliano Pullaro, y al petrolero Jorge Ávila, cuya terminal política responde al gobernador de Chubut, Ignacio Torres. La postura que adopten estos ocho legisladores definirá si el tablero principal destraba el número habilitante o si la sesión zozobra por falta de quórum.
Uno de los principales argumentos esgrimidos por la oposición para forzar la derogación del decreto madre recae en la urgencia por blindar el marco regulatorio del suelo nacional. “Es hora de cerrar el ciclo de la Ley de Tierras y para ello hay que derogar o declarar nulo el DNU 70/2023; el Senado ya lo declaró nulo y nosotros tenemos que avanzar en esta línea. Si bien el oficialismo quiso convencer a los diputados con el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada restituyendo la Ley de Tierras, sabemos que eso lleva otro debate parlamentario, debe volver a la Cámara alta y queda expuesto al veto presidencial”, advirtió a TN el diputado cordobés Juan Brügge.
Para desactivar el intento de la oposición, el titular del cuerpo, Martín Menem, maniobró en tándem con Balcarce 50 y convocó a una sesión alternativa para el 21 de octubre, incluyendo en el temario el endeudamiento de las familias, penas contra el vandalismo rural y el dictamen de mayoría de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Dicho proyecto, dictaminado en las comisiones que presiden Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio, incorporó los artículos 38 y 39 promovidos por el interbloque Fuerza del Cambio para derogar el artículo 154 del mega decreto y restablecer formalmente la vigencia de la Ley de Tierras Rurales, buscando licuar los consensos opositores que empujan la sesión especial de este jueves.
