Registros bancarios, cédulas de vehículos de alta gama y una operación con Argentinos Juniors complican a las autoridades de la entidad tras el fallo que apartó al juez de Campana.
Luego de que la Corte Suprema de Justicia apartara al juez de Campana Adrián González Charvay y devolviera el expediente al juzgado federal de Daniel Rafecas, una serie de documentos incorporados a la causa expone tres conexiones directas entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) —presidida por Claudio “Chiqui” Tapia— y las sociedades y personas vinculadas con la mansión de Villa Rosa, en Pilar, propiedad atribuida al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.
La investigación busca determinar el origen de los fondos utilizados para adquirir la quinta, registrada a nombre de Real Central SRL, firma integrada por Luciano Pantano —señalado como presunto testaferro de Toviggino— y su madre, Ana Lucía Conte, cuya capacidad económica para afrontar la operación se encuentra bajo sospecha. El material difundido por TN comprende comprobantes de transferencias millonarias desde la AFA hacia esa sociedad, documentación de automóviles de alta gama y la participación de Pantano en una operación financiera con Argentinos Juniors.
El primer eje documental consiste en una orden de pago emitida por la AFA el 19 de junio de 2025 por $231.110.000 a favor de Real Central SRL, asentada bajo el concepto de servicios de logística con una referencia al sistema de videoarbitraje (VAR). Tras aplicarse una retención de $3.820.000, el monto neto ascendió a $227.290.000, cifra que coincide exactamente con una transferencia realizada a través del Banco Credicoop —emitida el 18 de junio con fecha de pago al día siguiente— hacia Real Central, aunque ordenada desde una cuenta perteneciente a Central Park Drinks SRL, otra firma vinculada al entramado bajo investigación.
Ese material fue secuestrado durante un allanamiento dispuesto en diciembre de 2025 por el juez Armella, antes de remitir las actuaciones a Campana. A ello se suman otros comprobantes hallados en los procedimientos realizados en la AFA por $70.400.000 adicionales a favor de Real Central, también de junio de 2025, en los que figura la firma de Pantano como representante de la compañía, totalizando así más de $300 millones en operaciones vinculadas entre la entidad rectora del fútbol y la propietaria del inmueble.
La segunda conexión surge de los registros de la colección de vehículos de alta gama hallada en la quinta de Pilar. Entre ellos figura un Porsche 911 Carrera 4 GTS cuya cédula identifica como titular a Servicios Lindor SA, empresa vinculada a Toviggino por el fiscal de Santiago del Estero Pedro Simón y radicada en la calle Paraná al 800, en la Ciudad de Buenos Aires, el mismo domicilio declarado por Malte SRL, anterior dueña de la mansión. Además, el exdirector de Fútbol Femenino de la AFA Mauro Javier Paz presidió Servicios Lindor e integró Malte SRL. A su vez, una póliza de Sancor Seguros de 2025 acredita a Real Central SRL como asegurada de un Chevrolet Chevy SS Coupé de 1971, mientras que otras cédulas autorizan a familiares del tesorero de la AFA a conducir distintos rodados del grupo societario.
El tercer elemento es un comprobante por $600 millones secuestrado en la sede de la AFA que documenta una entrega de cheques de Argentinos Juniors a la asociación y lleva una firma con la aclaración manuscrita “Pantano Luciano”. El importe coincide con una operatoria analizada por la fiscal Cecilia Incardona en la causa sobre Sur Finanzas —la financiera ligada a Ariel Vallejo—, donde se registró una cesión de cheques por $600 millones al club de La Paternal con una tasa nominal anual adelantada del 100%, extremo que aún resta determinar si corresponde a la misma transacción.
La causa se inició el 1 de diciembre de 2025 a partir de una denuncia por presunto lavado de dinero y uso de testaferros presentada por Elisa Carrió, Juan Pablo Del Gaiso y Matías Yofe, dirigentes de la Coalición Cívica. Según consta en el expediente, la quinta de Pilar perteneció originalmente al exfutbolista Carlos Tevez, luego pasó a Malte SRL y en mayo de 2024 fue escriturada a nombre de Real Central por US$1,8 millones, pese a una tasación judicial cercana a los US$17 millones.
Este jueves, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte Suprema dejó sin efecto el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que había asignado la competencia al juzgado de Campana y dispuso que la pesquisa continúe en Comodoro Py bajo la órbita de Daniel Rafecas, haciendo lugar al planteo del fiscal general Mario Villar y al dictamen favorable del procurador general de la Nación, Eduardo Casal.