Ante reclamos de productores por daños en cultivos de tabaco, tomate y poroto, Ecología frenó las aplicaciones aéreas hasta fijar parámetros técnicos. Cámaras empresarias y forestales repudiaron la medida.
El Gobierno de Misiones resolvió suspender de manera preventiva y por tiempo indeterminado el uso de vehículos aéreos no tripulados (VANT), conocidos como drones, para la aplicación de productos fitosanitarios en todo el territorio provincial. La medida entró en vigencia este martes 17 mediante la Disposición 104/2026 de la Subsecretaría de Ecología y Desarrollo Sustentable, mientras el organismo avanza en la elaboración de una reglamentación técnica específica para esa actividad.
La decisión oficial responde a las denuncias presentadas por productores de Pozo Azul y otras localidades misioneras —con foco en las colonias Picada Unión y Picada 10— por daños registrados en plantaciones de tabaco, tomate y poroto, atribuidos al fenómeno de la deriva de agroquímicos aplicados con drones en establecimientos vecinos. De acuerdo con testimonios recogidos por el diario El Territorio, un colono estimó unas 18.000 plantas de tabaco perjudicadas en su chacra, mientras otros agricultores reportaron afectaciones sobre 30.000, 40.000 y hasta 50.000 plantas, advirtiendo que el traslado de herbicidas impulsado por el viento, la altura de vuelo y la topografía del terreno habría alcanzado cultivos situados a entre 1.500 y 2.000 metros de distancia.
En los fundamentos de la norma, el Ministerio de Ecología recordó que el artículo 44 de la Ley XVI N.º 144 prohíbe la aplicación aérea de fitosanitarios en la provincia, aunque el artículo 60 del Decreto reglamentario 2556/2022 habilitó expresamente el empleo de drones sujeto a condiciones específicas de forma, modalidad y altura que resguarden la sustentabilidad ambiental. Sin embargo, la propia autoridad reconoció que aún no concluyó la definición de esos parámetros operativos, por lo que dispuso frenar todas las aplicaciones hasta contar con estándares que garanticen la ausencia de impactos negativos.
La suspensión provocó una inmediata reacción adversa entre entidades productivas de la provincia. La Cámara de Comercio e Industria de Montecarlo (CACIM) y la Cámara de Comercio, Industria, Turismo, Producción y Servicios de General San Martín (LGSM) repudiaron la resolución, la calificaron como un “retroceso tecnológico” y reclamaron que sea dejada sin efecto de inmediato. Ambas organizaciones remarcaron que los drones permiten aplicar dosis precisas con menor volumen de producto y de agua, alejan al trabajador del contacto directo con los agroquímicos y resultan indispensables en chacras pequeñas, terrenos con pendientes, yerbales, tealeras y forestaciones donde los tractores no logran ingresar, advirtiendo además que frente a eventuales incumplimientos corresponde sancionar al infractor y no trasladar al sector privado el costo de la demora estatal en reglamentar la actividad.
En una línea convergente, la Asociación de Madereros, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (AMAYADAP) advirtió que las restricciones tecnológicas introducen incertidumbre regulatoria y afectan las inversiones privadas, la competitividad y la generación de empleo, por lo que propuso conformar una mesa de trabajo conjunta con las autoridades para diseñar controles adecuados sin frenar la innovación. A su vez, la Confederación Económica de Misiones (CEM) manifestó su preocupación por el impacto sobre la actividad económica y los servicios asociados, y reclamó que las decisiones productivas se sustenten en evidencia científica, diálogo multisectorial y un marco normativo equilibrado.