· Domingo1 de febrero de 2026 · · 27°C
· Domingo1 de febrero de 2026 · · 27°C
Aprobada en la Legislatura con 37 votos afirmativos y 18 negativos, la ley faculta al Ejecutivo de Jorge Macri a emitir títulos en pesos a tasa TAMAR para compensar la caída de recaudación y cubrir deudas devengadas con contratistas.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó en la sesión de la última semana de octubre un proyecto enviado por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, junto con el Presupuesto 2027, que habilita al Ejecutivo porteño a emitir un bono en pesos por hasta $600.000 millones para cubrir eventuales deudas con proveedores del Estado. La iniciativa, que había obtenido despacho el 19 de octubre en la Comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria, fue sancionada con 37 votos afirmativos —aportados por el PRO, La Libertad Avanza, la UCR y Confianza y Desarrollo— y 18 negativos correspondientes a Fuerza Buenos Aires y el Frente de Izquierda, dejando al Gobierno porteño facultado para salir al mercado local sin fecha fijada en caso de necesidad ante la caída de la recaudación.
La norma autoriza al Ministerio de Hacienda y Finanzas, conducido por Gustavo Arengo, a colocar títulos de deuda pública destinados exclusivamente a cancelar obligaciones derivadas de contrataciones de bienes, servicios y obra pública del Sector Público porteño que, al momento de la colocación, se encuentren emitidas, conformadas y aprobadas por la autoridad competente, además de devengadas, exigibles y pendientes de pago. De acuerdo con el texto aprobado, la herramienta busca resguardar el cumplimiento del plan de Gobierno y preservar la ecuación económica-financiera de los contratistas sin incrementar los pasivos de la Ciudad.
En cuanto a sus características técnicas, la ley establece que los títulos se emitirán en pesos argentinos por hasta $600.000 millones, con un valor nominal de un peso por cada peso de deuda y un plazo mínimo de un año, quedando la fijación del vencimiento definitivo en manos del Poder Ejecutivo. El instrumento devengará un interés equivalente a la Tasa Mayorista de Argentina (TAMAR) que fija el Banco Central para depósitos a plazo fijo mayoristas de 30 a 35 días por montos iguales o superiores a $1.000 millones en bancos privados, cuya determinación de cálculo estará a cargo de Hacienda.
Asimismo, los bonos podrán emitirse en una o más clases y series —con posibilidad de reapertura—, bajo la forma de títulos al portador, nominativos o escriturales, o representados por certificados globales depositados en entidades de registro del país. La normativa prevé que puedan rescatarse antes de su vencimiento y amortizarse en un único pago final o en diversos pagos parciales, sometiéndose a la ley argentina y a la jurisdicción del fuero Contencioso Administrativo, Tributario y Relaciones de Consumo porteño, al tiempo que habilita al Ejecutivo a reglamentar y tramitar la colocación por sí o por terceros e incorporar al presupuesto los créditos resultantes mediante un aumento de las fuentes de financiamiento por crédito público.
Durante el tratamiento en comisión, la subsecretaria de Hacienda, Lorena Flores, explicó que la emisión apunta a compensar una merma de recursos estimada en unos $600.000 millones durante 2026 —equivalente a una baja cercana al 6% en la recaudación de Ingresos Brutos—, precisó que el título tendría vencimiento en 2029 con tasa TAMAR sin margen y calculó intereses por alrededor de $114.000 millones, aclarando además que actualmente no existe deuda con proveedores sino que su utilización dependerá de la evolución fiscal del año.
No obstante, el proyecto cosechó reparos durante el debate parlamentario. El diputado Sebastián Nagata, de Confianza y Desarrollo, advirtió sobre el riesgo de recurrir al endeudamiento para cubrir gasto corriente y consultó si la adhesión de los proveedores sería voluntaria o compulsiva, aunque su bancada finalmente acompañó la sanción. Por el contrario, el peronismo rechazó la iniciativa en el recinto tras los cuestionamientos de la legisladora Claudia Neira (Fuerza Buenos Aires), quien reclamó precisiones sobre el stock de deuda, los rubros de los proveedores y los organismos deudores, y objetó el argumento oficial de que la emisión no incrementa los pasivos porteños.
