Romina Balverdi quedó imputada por homicidio calificado en Tartagal tras clavarle un cuchillo a Mario Barraza. Su defensa sostiene que el hombre la perseguía para golpearla y exige que se valoren los reiterados antecedentes de violencia de género.
Una secuencia de agresiones continuas y denuncias desatendidas culminó este lunes con un desenlace trágico en la ciudad salteña de Tartagal. Allí, Romina Balverdi quedó detenida tras matar de una puñalada en el cuello a su expareja, Mario Roberto “Titino” Barraza, un referente local del movimiento de desocupados. El hecho ocurrió cuando la mujer intentaba ponerse a salvo de un nuevo hostigamiento, situación que reabrió el debate sobre la respuesta estatal frente a las presentaciones previas por violencia de género.
La reconstrucción aportada por el entorno familiar señala que los incidentes comenzaron más temprano, cuando Barraza irrumpió en una vivienda donde se encontraban varios de sus hijos mientras la madre trabajaba. Ante los gritos y las patadas contra la puerta, los menores registraron las intimidaciones con sus teléfonos móviles. Pese a que personal policial acudió al lugar y tomó nota del episodio, los efectivos se retiraron sin adoptar medidas restrictivas, lo que permitió que el agresor continuara la búsqueda de la mujer.
Posteriormente, el hombre interceptó a Balverdi en la comunidad Sachapera y la atacó a golpes. Luego de comunicarse con el 911, la víctima logró escapar hacia el norte de Tartagal para resguardarse en la vivienda de otra de sus hermanas. Sin embargo, Barraza la persiguió hasta ese domicilio e intentó agredirla otra vez, momento en el cual la mujer utilizó un cuchillo para defenderse, provocándole una herida letal en la zona del cuello.
El caso quedó bajo la órbita de Gonzalo Ariel Vega, fiscal de Graves Atentados contra las Personas, quien dispuso la aprehensión de la mujer y formalizó una imputación provisoria por homicidio calificado por el vínculo. El letrado defensor, Alexis Rambert Ríos, anticipó que incorporará al expediente el cúmulo de antecedentes para probar que existió un cuadro de legítima defensa y solicitará la prisión domiciliaria, luego de que la Justicia rechazara el pedido inicial de eximición de prisión.
Los registros familiares revelan que las presentaciones por maltrato doméstico se remontan a 2012. En declaraciones formuladas meses antes de este desenlace, la propia Balverdi había hecho público su calvario tras denunciar formalmente a Barraza en 2019 y ratificar otra acusación el 8 de abril de 2026, instancia en la que relató haber padecido dieciséis años de golpizas e intimidaciones. A pesar de haber huido a distintas localidades e inclusive a Buenos Aires para escapar del acoso, los dispositivos de protección no lograron contener la persecución sistemática que precedió al trágico desenlace.