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A través de la Resolución 1914/2026, el Ministerio de Economía prorrogó la licitación de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza hasta el 21 de diciembre. La medida atiende pedidos de las empresas y flexibiliza garantías y acceso al RIGI.
El Gobierno nacional decidió postergar el proceso de privatización del Belgrano Cargas y prorrogó hasta el 21 de diciembre la fecha límite para la presentación de ofertas por las líneas ferroviarias General Belgrano, General San Martín y General Urquiza. La medida quedó formalizada este miércoles a través de la Resolución 1914/2026 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial, postergando el vencimiento original fijado para el 11 de noviembre y reconfigurando de manera sustancial las exigencias financieras, técnicas y operativas del pliego de bases y condiciones.
La extensión del calendario administrativo respondió a múltiples solicitudes cursadas por grupos empresarios interesados en la concesión de obra pública, quienes reclamaron plazos adicionales para inspeccionar en territorio el estado de las vías, inmuebles aledaños y talleres, con el objetivo de calcular con mayor precisión el esquema de inversiones de capital y la eventual compra de material rodante. Con este reordenamiento, las empresas tendrán tiempo de efectuar consultas técnicas hasta el 3 de diciembre a las 10:00, mientras que la recepción de propuestas cerrará el 21 de diciembre a las 9:59, dando paso a la apertura de sobres una hora más tarde.
Uno de los cambios más relevantes introducidos por la cartera económica apunta a facilitar el armado de consorcios y articulaciones corporativas para asumir la explotación comercial de los ramales. La resolución estableció que la solvencia financiera podrá acreditarse mediante hasta dos entidades que actúen en calidad de socios financieros, a condición de que cada una demuestre individualmente ratios de liquidez y solvencia iguales o mayores a uno.
No obstante, el Palacio de Hacienda fijó un filtro más riguroso para aquellos conglomerados que aspiren a controlar múltiples trazados de la red. En tales situaciones, los oferentes que compitan por más de una línea ferroviaria estarán obligados a computar y acreditar el patrimonio neto requerido para cada ramal por separado, garantizando un respaldo patrimonial independiente para afrontar de manera simultánea los planes de inversión comprometidos.
La normativa reglamentó además el mecanismo de participación para los interesados en solicitar los incentivos fiscales y aduaneros del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Por cada línea en disputa, las compañías deberán inclinarse con carácter excluyente entre una “Oferta A” (sin RIGI) o una “Oferta B” (con RIGI), debiendo en este último caso integrar una segunda garantía de mantenimiento de oferta con idénticos recaudos a la principal, advirtiendo que la sola manifestación de interés no asegura la aprobación automática del beneficio estatal.
En el capítulo técnico, el nuevo esquema dispone que el socio operativo especializado deberá retener una tenencia accionaria mínima del 10% con derecho a voto durante al menos 180 días posteriores a la habilitación de las obras. En paralelo, los contratistas nominados asumirán durante ese mismo lapso una responsabilidad solidaria e ilimitada frente a eventuales fallas o incumplimientos en los trabajos de infraestructura, mientras que se facultó a las futuras Sociedades de Propósito Específico (SPE) a formular las tarifas máximas de peaje con hasta cinco decimales expresados en dólares por tonelada-kilómetro bruta (US$/TKM).
