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El adolescente fue peritado bajo la sospecha judicial de haber presenciado el ataque en el paraje El Malezal. La defensa de su madre asegura que el relato demuestra su inocencia, mientras la querella avanza con peritajes telefónicos y de ADN.
La investigación judicial por el femicidio de la docente rural Nancy Godoy en Corrientes sumó una diligencia determinante tras la declaración en cámara Gesell del hijo de 13 años de Rosa Leguizamón, una de las imputadas que permanece bajo arresto preventivo. Los fiscales de la causa impulsaron la testimonial del menor bajo la sospecha procesal de que el adolescente pudo haber estado presente en el lugar del hecho y presenciado la secuencia de la agresión mortal en el paraje El Malezal, por lo que su reconstrucción resulta una pieza clave para individualizar las responsabilidades penales de cada uno de los involucrados.
Si bien los pormenores de la entrevista pericial se mantienen bajo estricta reserva de sumario, el abogado defensor de Leguizamón, Marcos Neironi, consideró tras la audiencia que el relato del menor “va dándole noción a lo que va a pasar en esta causa, está mostrando la verdad”. El letrado remarcó que su asistida “no tuvo nada que ver con el homicidio”, aclaró que la mujer hasta el momento nunca prestó declaración formal como imputada y anticipó que el próximo lunes Leguizamón podría romper el silencio en sede judicial para brindar su versión ante los instructores.
En paralelo a las medidas testimoniales, el Ministerio Público Fiscal aguarda las conclusiones de las auditorías sobre los aparatos de comunicación secuestrados en los allanamientos. El foco de los peritos tecnológicos se concentra en el chip del teléfono celular perteneciente a Nancy Godoy, con el cual procuran reconstruir la geolocalización de sus últimos traslados, mensajes entrantes y salientes, y eventuales comunicaciones previas a su desaparición.
Asimismo, los laboratorios avanzan con el cotejo de muestras de material genético extraídas del cadáver para contrastarlas con el perfil biológico de los sospechosos y determinar si medió abuso sexual, tal como requirió la querella que encabeza el abogado Gustavo Briend. En simultáneo, se remitieron muestras complementarias hacia laboratorios forenses especializados de la provincia de Córdoba para precisar con rigurosidad científica la data de muerte de la educadora.
Los adelantos del informe de autopsia expusieron un ataque de crueldad extrema sobre la víctima de 52 años, quien presentaba múltiples heridas cortantes y punzocortantes vitales en el rostro, cuello, piernas y abdomen, mutilaciones corporales y marcas de defensa. Por la multiplicidad de las lesiones, los forenses concluyeron que en el ataque se utilizaron diversas armas blancas de manera simultánea, fundamentando la calificación de un acto cometido en banda y con alevosía.
La causa penal mantiene a cinco personas privadas de la libertad con diferentes grados de imputación. El principal acusado es Ireneo Antonio Zarza, capataz y encargado de la estancia, señalado como autor material del femicidio. Como partícipes bajo la figura de encubrimiento agravado se encuentran los peones Felipe Sandoval y Nahuel Rojas, junto a Rosa Leguizamón, mientras que Ernesto Ezequiel Bordón permanece imputado por falso testimonio tras incurrir en contradicciones en sus declaraciones iniciales.
