En el marco de una profunda conmoción social, sindicato docentes de todo el país llevan adelante un paro nacional y una jornada de duelo en reclamo de justicia por el femicidio de Nancy Estela Godoy, la maestra rural de 52 años hallada sin vida en la localidad correntina de Esquina tras permanecer 21 días desaparecida. La medida de fuerza federal fue impulsada de forma conjunta por tres entidades sindicales enroladas en la Confederación General del Trabajo (CGT): la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) bajo la consigna unificada “Exigimos justicia por Nancy”

Desde las primeras horas de la mañana, una multitudinaria columna integrada por colegas, familiares y vecinos marchó por las calles de Esquina para visibilizar el reclamo y denunciar la desprotección de los educadores en zonas aisladas. En simultáneo, en la Ciudad de Buenos Aires, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) coordinó una concentración frente a la Casa de la Provincia de Corrientes, ubicada sobre calle Maipú al 200, exigiendo una pesquisa exhaustiva con perspectiva de género que determine las responsabilidades materiales y eventuales complicidades institucionales en el caso.

A las acciones en distintas provincias se sumó también la adhesión en Cuyo: en Mendoza, el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), alineado con CTERA y la CTA de los Trabajadores, adhirió a la Jornada Nacional de Duelo y convocó a una concentración frente a la Legislatura provincial a las 19 horas para acompañar a los familiares y reiterar el reclamo por condiciones laborales seguras en la educación pública.

Durante la manifestación en territorio correntino, directivas de escuelas de la zona recordaron el compromiso de la docente —quien se trasladaba habitualmente a caballo por caminos intransitables para llegar al aula— y repudiaron la falta de respuestas oficiales frente a sus alertas iniciales. Antes de su desaparición el pasado 7 de octubre, Godoy había presentado el 15 de agosto una nota formal advirtiendo el estado de “abandono total” de la Escuela Rural N° 626, emplazada dentro de la estancia El Curupí, donde prestaba funciones como suplente desde hacía apenas dos meses y denunciaba la carencia de agua potable y severas deficiencias de infraestructura e higiene.

Familiares de la víctima relataron que la propia maestra debió encargarse de acondicionar y limpiar las instalaciones para recibir a sus alumnos, mientras lidiaba con la incomunicación geográfica y la falta de servicios básicos en el predio ganadero donde finalmente se desencadenó el ataque.

Avances de la causa judicial y situación de los imputados

El cuerpo de la víctima fue localizado semisumergido en un potrero ubicado a unos 15 kilómetros del edificio escolar, en un sector anegadizo y sin cobertura celular al que solo fue posible acceder mediante cuadrillas montadas de la Policía provincial. Las pericias forenses y criminalísticas procuran establecer con precisión la data de muerte y verificar si el área del hallazgo corresponde a la escena primaria del hecho o si el cadáver fue plantado para desviar las labores de rescate.

La investigación encabezada por el fiscal Javier Mosquera cuenta con cinco personas detenidas con prisión preventiva. La imputación principal recae sobre Ireneo Antonio Zarza, capataz y encargado general del campo, sindicado como presunto autor material del femicidio. En tanto, los peones Felipe Sandoval y Nahuel Rojas permanecen bajo arresto junto a la baqueana Rosa Leguizamón acusados de encubrimiento agravado, nómina que se completa con Ernesto Ezequiel Bordón, procesado por falso testimonio.