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El Juzgado Federal de Río Grande mantuvo la prohibición de perforar a Rockhopper y Navitas en aguas de Malvinas. La jueza Mariel Borruto aceptó la participación provincial como parte accesoria y desestimó convocar por ahora al Gobierno nacional.
La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, ratificó la vigencia de la medida cautelar que mantiene paralizadas las obras del proyecto petrolero Sea Lion en la cuenca norte de las Islas Malvinas y formalizó la incorporación de la provincia de Tierra del Fuego en el expediente ambiental. La resolución judicial confirmó la prohibición a las operadoras Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum de iniciar o continuar cualquier tipo de perforación, emplazamiento de infraestructura submarina, despliegue de unidades flotantes de producción o tareas de soporte logístico portuario hasta tanto se complete una evaluación de impacto ambiental ante las autoridades argentinas.
La intervención del Estado provincial fue admitida bajo una condición procesal de actuación accesoria y subordinada a la parte actora, conformada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA). La magistrada fundamentó su decisión en que la Fiscalía de Estado fueguina adhirió estrictamente al propósito de prevenir el daño colectivo sin formular pretensiones autónomas sobre la titularidad del recurso ni reclamos indemnizatorios, por lo que su accionar quedará limitado a formular alegaciones y proponer medidas de prueba dentro del objeto inicial de la demanda.
En el mismo fallo, Borruto desestimó la solicitud de convocar formalmente al Gobierno nacional a la causa principal, señalando que la sola condición de legitimado ambiental no exige su inclusión procesal obligatoria. Al respecto, recordó que se encuentran pendientes de incorporación los informes técnicos requeridos a la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental, la Secretaría de Energía y la Cancillería, además de la notificación legal a las empresas petroleras extranjeras, instancias que resultan indispensables antes de someter la cautelar a una eventual revisión.
El emprendimiento hidrocarburífero Sea Lion —controlado en un 65% por Navitas Petroleum y en un 35% por Rockhopper— proyecta la perforación de 23 pozos y la instalación de una unidad flotante de almacenamiento y descarga (FPSO), con el objetivo de iniciar la extracción comercial de crudo en el primer trimestre de 2028 en aguas bajo disputa de soberanía.
La presentación judicial de la provincia respondió a un mandato explícito de la Legislatura de Tierra del Fuego impulsado por el bloque Provincia Grande, que ordenó al gobernador Gustavo Melella intervenir en defensa de los recursos naturales amparados por la Ley 23.775 y el artículo 81 de la Constitución fueguina. La administración provincial ya había accionado en mayo con una denuncia penal contra Navitas ante la Autoridad de Valores de Israel por presunta omisión de riesgos jurídicos a sus inversores.
En paralelo, el Ejecutivo fueguino avanza en un proyecto de ley para regular el tránsito marítimo dentro de las doce millas del departamento Islas del Atlántico Sur, estableciendo severas multas e inhabilitación para operar en puertos argentinos a navieras que brinden soporte logístico sin aval provincial, medida motivada por la reactivación de la ruta comercial entre Punta Arenas y las islas a través de la empresa Easter Island.
La controversia por la explotación no consentida de hidrocarburos coincide con la escala diplomática activada por la Cancillería argentina, que inició formalmente un arbitraje contra el Reino Unido ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar en los términos del Anexo VII de la CONVEMAR. El diferendo por la soberanía sobre los recursos naturales en la plataforma continental tendrá sus primeras audiencias preliminares los días 10 y 11 de noviembre.
