La fiscal federal solicitó medidas preliminares contra Javier Milei y funcionarios del Ejecutivo para determinar si hubo omisiones en los controles fronterizos. En paralelo, avanzan denuncias en Comodoro Py y en los tribunales de Puerto Iguazú.
La fiscal federal Paloma Ochoa solicitó una serie de medidas preliminares para investigar si el Poder Ejecutivo cometió el delito de encubrimiento durante el ingreso y posterior salida hacia Estados Unidos de Flávio Bolsonaro. El requerimiento fiscal se enmarca en una causa que apunta contra el presidente Javier Milei y otros funcionarios nacionales, con el fin de determinar si existieron irregularidades administrativas o incumplimientos de deberes en los controles aduaneros y fronterizos aplicados al senador brasileño y su grupo familiar.
Entre las diligencias iniciales promovidas ante la jueza María Eugenia Capuchetti, la representante del Ministerio Público Fiscal ordenó librar oficios urgentes a la Dirección Nacional de Migraciones y a dependencias de seguridad interior. El objetivo central consiste en reconstruir el tránsito del excandidato presidencial del Partido Liberal durante la noche del martes 27 de octubre y constatar si se eludieron alertas judiciales o la legislación vigente ante personas sujetas a procesos en el exterior.
La causa que instruye Ochoa se originó a partir de una denuncia radicada por el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano, pero no es la única en trámite. En los tribunales de Retiro recayó otra presentación impulsada por el diputado nacional Esteban Paulón en el juzgado de Daniel Rafecas, al tiempo que un tercer expediente cobró impulso en el fuero federal de la provincia de Misiones.
En el Juzgado Federal de Puerto Iguazú, el fiscal Fabián Martínez promovió medidas de prueba a raíz de una presentación formulada por la diputada nacional Marcela Pagano. El funcionario solicitó el aseguramiento de las filmaciones de las cámaras de seguridad del Puente Internacional Tancredo Neves y de la estación aérea de Puerto Iguazú, junto con la remisión de las hojas de ruta, nóminas de pasajeros y el contrato comercial suscripto con la compañía Baires Fly S.A. para operar el vuelo privado.
Los reportes oficiales indican que el legislador carioca ingresó al territorio argentino a las 22:50 del martes junto a su cónyuge, Fernanda Antunes Figueira, y sus dos hijas, cruzando por vía terrestre desde Foz de Iguazú. A las 23:30, la comitiva abordó un jet privado con plan de navegación inicial hacia Guayaquil, Ecuador, escala previa antes de aterrizar en Miami, Estados Unidos.
Las pesquisas judiciales buscan establecer la trazabilidad de los documentos empleados en la terminal misionera. La reconstrucción de los hechos señala que Bolsonaro habría recurrido a su documento de identidad brasileño para realizar el trámite de ingreso y a su pasaporte de la República de Italia para el despacho de salida aérea, valiéndose de la ciudadanía europea tramitada en 2023. Al momento de las operaciones de frontera, el dirigente no registraba alertas rojas en el sistema de Interpol ni pedidos de captura internacional que habilitaran su detención inmediata por parte de las fuerzas de seguridad locales.
La salida del excandidato se concretó en abierta desobediencia al fallo dictado por el juez del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, quien había dispuesto la retención de sus pasaportes y la prohibición de salir del país. La orden judicial había sido dictada tras la derrota de Bolsonaro en el balotaje presidencial del 25 de octubre frente a Luiz Inácio Lula da Silva, en el marco de una pesquisa por presunto lavado de activos y maniobras financieras irregulares que el senador niega de forma sistemática.