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La legisladora presentó una acción penal en Puerto Iguazú por presunto incumplimiento de deberes y tráfico de personas. Exigió peritar registros migratorios, cámaras de seguridad y planes de vuelo del chárter privado que trasladó al senador brasileño.
La diputada nacional Marcela Pagano radicó una denuncia penal ante el Juzgado Federal de Puerto Iguazú para que se investigue judicialmente la posible complicidad, negligencia o encubrimiento de funcionarios argentinos en la fuga del senador y excandidato presidencial de Brasil, Flávio Bolsonaro. La presentación se concretó luego de que el legislador carioca eludiera la prohibición de salida impuesta por el Supremo Tribunal Federal de su país, cruzara la frontera por la provincia de Misiones y despegara hacia Miami a bordo de un vuelo privado con escala en Ecuador.
La legisladora requirió que se determine si existió tráfico de personas en tránsito o incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de las autoridades que intervinieron en la admisión y posterior despacho aéreo. Al fundamentar su denuncia, Pagano cuestionó la contradicción de los discursos oficiales: “Si entró, alguien lo dejó entrar. Si lo quisieron sacar por un aeropuerto federal, alguien miró para otro lado. La frontera argentina no es un pasillo VIP de nadie. La soberanía no se negocia ni se presta”, sentenció a través de sus canales públicos.
En el escrito judicial presentado en los tribunales federales de la ciudad fronteriza, la parlamentaria solicitó como medida cautelar de instrucción el aseguramiento y preservación inmediata de los registros fílmicos de las cámaras de seguridad del Puente Internacional Tancredo Neves y de la terminal del Aeropuerto de Puerto Iguazú. Asimismo, requirió los registros del sistema de la Dirección Nacional de Migraciones, los manifiestos de pasajeros, el contrato de fletamento del chárter y los informes de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) vinculados a las autorizaciones previas al despegue.
La salida clandestina de Flávio Bolsonaro profundizó su delicada situación ante la Justicia de su país, donde enfrenta expedientes abiertos por presunto blanqueo de capitales, corrupción y difamación. La posición procesal del senador se agravó a instancias del Supremo Tribunal Federal a partir de pesquisas que apuntan a una posible injerencia extranjera y financiamiento espurio de su campaña electoral mediante manipulaciones en plataformas digitales.
En el marco de esa línea investigativa, el juez Flávio Dino analiza los presuntos vínculos y flujos de financiamiento con la organización política estadounidense Rockbridge Network, entidad cofundada por el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance. La prohibición judicial de cruzar las fronteras y la anulación de sus pasaportes respondían estrictamente a garantizar su sujeción a esos procesos en trámite.
