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El consultor que disertó en la reunión de gabinete consideró que una divisa más competitiva aliviaría a sectores como el turismo y la construcción. Advirtió sobre riesgos de traslado a precios y explicó por qué el Ejecutivo juega a ganar productividad.
El debate en torno a la competitividad y la paridad cambiaria sumó la perspectiva de Alberto Ades, economista que mantuvo un encuentro con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos y expuso ante los ministros en Casa Rosada. En declaraciones periodísticas, el especialista consideró conveniente contar con un tipo de cambio real más alto durante la etapa de transición para amortiguar el impacto de la apertura comercial en actividades vulnerables como el turismo y la construcción, aunque admitió la complejidad macroeconómica de alcanzar ese objetivo sin desestabilizar los precios.
Ades explicó que el proceso de desinflación, sumado a la fuerte oferta de divisas del agro, la minería y la energía, presiona hacia la apreciación cambiaria. En ese sentido, analizó tres caminos teóricos para elevar la cotización: profundizar el superávit fiscal para absorber dólares —alternativa que evaluó inviable a un año de las elecciones—, habilitar compras del Banco Central de la República Argentina (BCRA) a un valor más elevado con riesgo de acelerar la inflación en apenas tres meses, o bien encarar reformas estructurales que mejoren la productividad y abaraten costos, estrategia por la que finalmente opta la actual administración.
Más allá del debate sobre el valor del billete verde, el analista remarcó que el principal desafío radica en recuperar el crédito productivo e hipotecario. Recordó el impacto del esquema financiero de 2025, caracterizado por oscilaciones en las tasas de interés que escalaron desde el 30% hasta superar el 100%, afectando la liquidez de familias y empresas. Frente a ese antecedente, sugirió que la autoridad monetaria implemente un corredor de tasas de interés para acotar la volatilidad y generar previsibilidad en el sistema bancario.
En esa línea, destacó la oportunidad de movilizar los US$ 300.000 millones que los argentinos mantienen fuera de los circuitos formales mediante incentivos de confianza que canalicen ese ahorro hacia el crédito productivo de cara a 2027.
El economista fue categórico al evaluar la matriz fiscal del país, al afirmar que “el sistema impositivo argentino es una payasada: una cantidad enorme de impuestos que recauda muy poco”, reclamando una drástica simplificación tributaria para no asfixiar la actividad privada.
No obstante, proyectó que una reforma impositiva integral difícilmente se concrete en el corto plazo, ya que la Casa Rosada buscaría consolidar una mayoría legislativa propia en los comicios legislativos de 2027 para garantizar el tratamiento parlamentario de transformaciones estructurales de fondo.
