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La Libertad Avanza reunió 60 firmas en un plenario de comisiones junto al PRO y la UCR para llevar la iniciativa al recinto el 12 de noviembre. El texto fija penas por explotación ilegal en Malvinas y modificaciones en seguridad e inteligencia.
El oficialismo de La Libertad Avanza consiguió dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados para el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional tras un plenario conjunto de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores. La iniciativa reunió 60 firmas sobre 104 legisladores presentes gracias al respaldo del PRO, la UCR y sectores provinciales aliados, mientras que Unión por la Patria presentó un dictamen de minoría con 38 avales y el Frente de Izquierda formalizó su rechazo categórico. Con este resultado, el Poder Ejecutivo buscará llevar el tratamiento al recinto el próximo 12 de noviembre.
Uno de los núcleos centrales del articulado establece un severo régimen punitivo para penar la explotación no autorizada de hidrocarburos y recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y sus espacios marítimos. La normativa fija penas de prisión efectiva, inhabilitaciones comerciales y multas tasadas en barriles de petróleo, contemplando la prohibición absoluta para contratar con el Estado argentino o acceder a beneficios fiscales para aquellas firmas y socias corporativas vinculadas al desarrollo petrolero en la cuenca austral.
El debate parlamentario estuvo atravesado por intensos reproches metodológicos de las bancadas opositoras. Diputados como Agustina Propato y Juan Marino denunciaron la imposición de un despacho sin la debida antelación reglamentaria, tildando el trámite de irregular, mientras que Juan Grabois interrogó a las autoridades del plenario sobre eventuales presiones y sugerencias remitidas desde los Estados Unidos para acotar el impacto del articulado sobre empresas multinacionales.
Por su parte, la legisladora de izquierda Myriam Bregman cuestionó haberse enterado de los textos a través de la prensa, mientras que el socialista Esteban Paulón fundamentó un dictamen propio al calificar el esquema oficialista como incompatible con las garantías vigentes. La defensa técnica del dictamen fue encabezada por los libertarios Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado, Juliana Santillán y Silvana Giudici, sumando las exposiciones de referentes aliados.
Durante las conversaciones para asegurar los votos, el texto incorporó modificaciones operativas solicitadas por el bloque del MID, estableciendo la prohibición expresa para que el Consejo de Seguridad intervenga en asuntos de seguridad interior, limitando su alcance a infraestructuras críticas y vigilancia marítima. En el plano del control legislativo, se estructuró una Comisión Bicameral de ocho integrantes que deberá ser informada en un plazo de 48 horas sobre medidas urgentes, facultando la participación institucional del titular de la Cámara de Diputados y del presidente provisional del Senado, excluyendo formalmente a la presidencia de la Cámara alta.
En materia penal, se reformuló el tipo sancionatorio de desinformación, reemplazando la redacción inicial por la figura de “campaña de injerencia extranjera” para castigar actos encubiertos o ilícitos con penas de 5 a 12 años de prisión, exceptuando taxativamente la labor periodística, académica y diplomática. Las adecuaciones normativas se definieron tras recientes reuniones bilaterales en la Casa Rosada con funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos, orientadas a delimitar la responsabilidad de contratistas y operadoras en proyectos energéticos en el Atlántico Sur.
